Mientras el debate político gira alrededor de elecciones, confrontaciones y crisis coyunturales, existe una emergencia silenciosa que continúa creciendo en los hogares peruanos: la salud mental. Ansiedad, depresión, estrés, violencia familiar, adicciones y conductas suicidas afectan a millones de ciudadanos, pero siguen ocupando un espacio marginal en las prioridades del Estado. Lo más preocupante es que los números ya no permiten hablar de un problema aislado, sino de una crisis nacional que exige atención inmediata.
Las cifras son contundentes. El Instituto Nacional de Salud Mental señala que más del 30 % de peruanos ha sufrido algún trastorno mental a lo largo de su vida, mientras que uno de cada tres ciudadanos podría desarrollar una enfermedad psiquiátrica en algún momento. La depresión y la ansiedad encabezan los diagnósticos más frecuentes.
Solo durante el año 2024, el Ministerio de Salud registró más de 1,3 millones de personas atendidas por trastornos de salud mental y problemas psicosociales. Entre los casos más frecuentes destacan la ansiedad con 244 mil atenciones, la depresión con más de 177 mil casos, además de miles de situaciones relacionadas con maltrato, problemas emocionales en niños y adolescentes y trastornos del desarrollo psicológico.
La situación es aún más alarmante cuando se analiza la depresión. Durante 2024, los establecimientos del Minsa atendieron más de 256 mil casos, de los cuales tres de cada cuatro correspondieron a mujeres. Un porcentaje significativo también involucró a menores de edad, demostrando que la crisis alcanza cada vez a personas más jóvenes.
Sin embargo, mientras la demanda aumenta, el presupuesto destinado a salud mental sigue siendo insuficiente. La Defensoría del Pueblo advirtió que en 2025 apenas el 2,27 % del presupuesto total del sector Salud fue destinado a esta área, porcentaje que incluso se redujo a 1,9 % para el 2026.
La contradicción resulta evidente. El Estado destina enormes esfuerzos a enfrentar las consecuencias de la violencia, la delincuencia y la desintegración social, pero continúa invirtiendo de manera limitada en la prevención y atención de los problemas emocionales y psicológicos que muchas veces alimentan estas situaciones.
La salud mental dejó de ser un asunto privado para convertirse en un desafío nacional. Ignorarla no hace desaparecer el problema; únicamente lo vuelve más costoso, más complejo y más doloroso para millones de familias.
Reflexión final
Un país que normaliza la ansiedad, la depresión y el sufrimiento emocional como parte de la rutina está renunciando silenciosamente al bienestar de su población. La verdadera pregunta ya no es si existe una crisis de salud mental en el Perú. La pregunta es cuánto tiempo más seguirá siendo ignorada por quienes tienen la responsabilidad de enfrentarla. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).