La decisión de la Comisión de Gracias Presidenciales de rechazar el sexto pedido de indulto presentado a favor del expresidente Pedro Castillo no solo tiene implicaciones jurídicas. También envía un mensaje político e institucional en un momento en que el país busca recuperar la confianza en sus instituciones. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda generar la figura del exmandatario, el debate central gira en torno a una pregunta fundamental: ¿deben las normas aplicarse de manera uniforme para todos o depender de las circunstancias políticas de cada caso?
Durante décadas, el Perú ha enfrentado una constante tensión entre la justicia y el poder político. Cada vez que un expresidente enfrenta investigaciones, procesos judiciales o medidas restrictivas, surge la presión para convertir los expedientes legales en causas políticas. El riesgo de esta práctica es evidente: se termina confundiendo el respeto a los procedimientos con persecución política, o la exigencia de responsabilidades con actos de venganza.
La negativa de la Comisión de Gracias Presidenciales recuerda que el indulto es una medida excepcional y no un recurso automático al que se pueda acceder por insistencia o presión política. Su otorgamiento exige requisitos específicos que deben ser evaluados bajo criterios técnicos y legales.
Lo preocupante es que, una vez más, el país corre el riesgo de dividirse entre quienes consideran que cualquier decisión contra un líder político constituye una injusticia y quienes creen que toda acción en su contra es insuficiente. Esa polarización termina debilitando la discusión de fondo: la necesidad de fortalecer instituciones capaces de actuar con independencia y sin interferencias.
Mientras los sectores políticos continúan enfrascados en disputas alrededor de figuras individuales, millones de ciudadanos enfrentan problemas mucho más urgentes. La inseguridad, el empleo precario, la crisis de los servicios públicos y la corrupción siguen golpeando diariamente a la población. Sin embargo, gran parte de la agenda nacional continúa atrapada en controversias que giran alrededor de los mismos actores políticos de siempre.
La democracia no se fortalece cuando las leyes se acomodan a las personas. Se fortalece cuando las personas, sin importar el cargo que hayan ocupado, se someten a las leyes.
El rechazo del indulto a Pedro Castillo constituye una decisión que reafirma el principio de que los beneficios excepcionales deben sustentarse en criterios establecidos por la ley y no en presiones políticas o coyunturas mediáticas.
Reflexión final
La verdadera fortaleza de una democracia no se mide por la capacidad de proteger a quienes ejercieron el poder, sino por la capacidad de garantizar que todos respondan bajo las mismas reglas. Cuando la justicia actúa sin privilegios ni excepciones, la institucionalidad gana terreno y la ciudadanía recupera una parte de la confianza que durante años le ha sido arrebatada. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).