En toda democracia madura, las reglas electorales deben aplicarse con el mismo rigor para todos. No importa si los votos provienen de Lima, Puno, la Amazonía o cualquier rincón del país. El principio es simple: un voto tiene el mismo valor sin importar quién lo emite o a quién favorece. Por ello, la controversia generada por los recientes pedidos de nulidad electoral ha abierto un debate que trasciende los resultados de la segunda vuelta y toca un aspecto fundamental de la democracia: la coherencia.
Mientras Fuerza Popular solicita que diversas actas observadas en Lima no sean invalidadas y sean sometidas a los mecanismos de revisión previstos por la ley, el mismo partido impulsa recursos para anular más de siete mil votos en Puno. La diferencia no ha pasado desapercibida para la opinión pública, especialmente porque la mayoría de esos votos favorecen a su contendor electoral.
Desde una perspectiva estrictamente democrática, el problema no radica en ejercer el derecho legal a presentar recursos. Todo partido político tiene la facultad de cuestionar actas, observaciones o procedimientos cuando considera que existen irregularidades. Lo que genera controversia es la percepción de que los criterios parecen cambiar dependiendo de dónde se encuentren los votos y a quién beneficien.
La democracia requiere consistencia. Si las observaciones formales en Lima pueden resolverse mediante cotejos, verificaciones e integración de actas, la ciudadanía espera que cualquier análisis en otras regiones responda al mismo estándar de evaluación. La igualdad ante la ley no admite geografías electorales diferenciadas.
El caso adquiere una sensibilidad mayor porque involucra votos provenientes de zonas rurales y andinas. Durante décadas, millones de peruanos de estas regiones han reclamado igualdad de oportunidades, representación y respeto. Cualquier controversia que afecte la validez de sus votos inevitablemente genera preocupación y alimenta viejas heridas relacionadas con la exclusión política y territorial.
Los organismos electorales tienen la responsabilidad de resolver cada impugnación con independencia, transparencia y estricto apego a la ley. No pueden existir decisiones basadas en presiones políticas ni interpretaciones acomodadas a intereses coyunturales.
Reflexión final
La fortaleza de una democracia se mide cuando las reglas se aplican incluso cuando los resultados no favorecen a determinados intereses. Si un voto vale en Lima, también debe valer en Puno. Si una observación puede corregirse en una región, el mismo criterio debe regir en otra. Porque cuando la ley parece tener distintas varas de medición, no solo se cuestiona una elección; se pone a prueba la confianza de todo un país en su democracia. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).