Por quinta vez consecutiva, el Gobierno ha decidido ampliar el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao como respuesta al avance de la criminalidad. La medida, que restringe temporalmente algunos derechos constitucionales y mantiene el apoyo de las Fuerzas Armadas a la PolicÃa Nacional, vuelve a presentarse como una herramienta excepcional frente a una situación que hace tiempo dejó de ser excepcional.
La pregunta resulta inevitable: si los estados de emergencia se renuevan una y otra vez mientras los homicidios, el sicariato, las extorsiones y el crimen organizado continúan expandiéndose, ¿qué resultados concretos se han obtenido? La percepción ciudadana es clara: el miedo persiste y la violencia no retrocede al ritmo que el paÃs necesita.
Los estados de emergencia se concibieron como instrumentos extraordinarios para enfrentar circunstancias excepcionales. Sin embargo, su aplicación reiterada corre el riesgo de convertirlos en una respuesta rutinaria frente a un problema estructural mucho más complejo.
Durante los gobiernos de Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerà y el actual presidente José MarÃa Balcázar, la inseguridad ciudadana se consolidó como una de las principales preocupaciones nacionales. En ese periodo se multiplicaron las declaratorias de emergencia en distintas regiones, pero la expansión de organizaciones criminales, el incremento de las extorsiones, el sicariato y otras modalidades delictivas demuestran que las medidas excepcionales, por sà solas, no han logrado revertir la tendencia.
El verdadero problema parece ir mucho más allá de una declaratoria de emergencia. El Perú continúa careciendo de una polÃtica de Estado sostenida y articulada que integre prevención, inteligencia, investigación criminal, fortalecimiento policial, modernización tecnológica, control penitenciario, lucha contra las economÃas ilegales y coordinación efectiva entre todas las instituciones involucradas.
Combatir al crimen organizado exige planificación, continuidad y liderazgo. Sin un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y de Lucha contra la Criminalidad con objetivos medibles, presupuesto suficiente, indicadores de desempeño y mecanismos permanentes de evaluación, las respuestas terminan siendo predominantemente reactivas.
Mientras tanto, miles de pequeños empresarios, transportistas, comerciantes y familias continúan viviendo bajo amenazas permanentes. La delincuencia ha demostrado una preocupante capacidad de adaptación, utilizando nuevas tecnologÃas, redes de financiamiento ilÃcito y estructuras cada vez más sofisticadas.
Desde La Caja Negra consideramos que la seguridad ciudadana no puede depender exclusivamente de la renovación periódica de estados de emergencia.
El paÃs necesita una estrategia nacional de largo plazo que trascienda los cambios de gobierno y que permita enfrentar las causas estructurales del crimen organizado. La coordinación entre el Ejecutivo, el Congreso, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la PolicÃa Nacional y los gobiernos regionales debe responder a una polÃtica pública coherente y sostenida, no únicamente a medidas temporales.
La ciudadanÃa tiene derecho a exigir resultados verificables, transparencia en la gestión y una evaluación permanente de las polÃticas implementadas.
El Perú enfrenta una amenaza criminal que requiere decisiones firmes, planificación técnica y visión de Estado. La reiteración de medidas extraordinarias evidencia la gravedad del problema, pero también invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer estrategias integrales que permitan reducir de manera sostenible la violencia.
Reflexión final
La seguridad no se construye únicamente prorrogando estados de emergencia. Se construye con inteligencia, instituciones sólidas, investigación criminal eficiente, prevención, inversión y liderazgo polÃtico. El paÃs necesita pasar de las respuestas coyunturales a una estrategia nacional capaz de recuperar el control del territorio y devolver a los ciudadanos la confianza de que vivir sin miedo es un derecho, no una excepción. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).