Durante décadas se dijo que el mayor desafío del Perú era combatir la pobreza. Hoy esa afirmación ha sido desplazada por una realidad mucho más inquietante: recuperar la autoridad del Estado. En numerosas ciudades, barrios y corredores económicos, las reglas ya no las impone la ley, sino organizaciones criminales que cobran cupos, controlan territorios, administran economías ilegales y deciden quién puede trabajar, invertir o simplemente vivir en paz.
Cuando el ciudadano paga por protección para poder abrir su negocio, el problema ya no es únicamente la delincuencia. El problema es que la autoridad ha comenzado a cambiar de manos.
La expansión de la extorsión representa quizá el ejemplo más evidente. Miles de bodegueros, transportistas, comerciantes, empresarios y pequeños emprendedores destinan parte de sus ingresos al pago de cupos o a costosos sistemas de seguridad para proteger aquello que el Estado debería garantizar: su derecho a trabajar sin miedo.
A ello se suma el crecimiento del sicariato, que ha convertido los asesinatos por encargo en una expresión cotidiana de la violencia criminal. Ajustes de cuentas, disputas territoriales y atentados contra empresarios y transportistas revelan organizaciones cada vez mejor financiadas y más violentas.
Pero el problema va mucho más allá de las ciudades.
El narcotráfico continúa consolidando economías ilegales en distintas zonas del país, mientras la minería ilegal destruye ecosistemas, contamina ríos con mercurio, financia redes criminales y mueve millones de dólares fuera de cualquier control estatal. Paralelamente, el tráfico de tierras y la trata de personas siguen creciendo, aprovechando la debilidad institucional y la limitada presencia de las autoridades en vastos territorios nacionales.
Esta realidad no apareció de la noche a la mañana. Es el resultado de años de respuestas insuficientes, políticas públicas desarticuladas y una preocupante falta de continuidad en la lucha contra el crimen organizado.
Los gobiernos de Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y actualmente José Balcázar han enfrentado esta amenaza desde distintos contextos, pero el avance de las organizaciones criminales demuestra que los esfuerzos realizados no han sido suficientes para recuperar plenamente la autoridad del Estado.
La consecuencia es evidente: donde las instituciones llegan tarde o simplemente no llegan, otros ocupan ese espacio. Y esos otros no representan la ley, sino el miedo.
El Perú necesita una política de seguridad que trascienda los cambios de gobierno y combine inteligencia policial, fortalecimiento del sistema judicial, control efectivo del territorio, lucha frontal contra las economías ilegales y una verdadera reforma institucional.
Combatir el crimen organizado exige mucho más que estados de emergencia o declaraciones políticas. Exige liderazgo, estrategia y continuidad.
Reflexión final
La historia demuestra que ningún país logra desarrollarse cuando el crimen comienza a sustituir al Estado. La inversión desaparece, el empleo se debilita, la confianza ciudadana se erosiona y la democracia pierde uno de sus pilares fundamentales: la capacidad del Estado para garantizar el orden y proteger a sus ciudadanos.
El Perú aún está a tiempo de revertir esta tendencia. Pero cada día que el crimen continúa imponiendo sus propias reglas, recuperar la autoridad será más complejo y el costo para la sociedad será mucho mayor.
Porque cuando el miedo reemplaza a la ley, el verdadero derrotado no es únicamente el Estado. Es toda la nación. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).