La próxima presidenta del Perú no recibirá un país en condiciones normales. Recibirá una nación marcada por años de inestabilidad política, instituciones debilitadas, una economía que perdió dinamismo, una creciente crisis de seguridad y una ciudadanía que observa con escepticismo a quienes ejercen el poder.
Gobernar en este contexto no será únicamente administrar el Estado. Será intentar reconstruir la confianza de un país que ha visto cómo, durante años, las promesas políticas se repetían mientras los problemas nacionales se agravaban.
Los desafíos son inmensos. La inseguridad ciudadana dejó de ser una preocupación localizada para convertirse en uno de los principales problemas nacionales. La extorsión afecta a miles de comerciantes, transportistas y emprendedores; el sicariato continúa expandiéndose; el narcotráfico fortalece economías ilegales; la minería ilegal destruye ecosistemas y financia redes criminales; y el tráfico de tierras y la trata de personas siguen aprovechando la limitada presencia del Estado en diversas regiones.
A ello se suma una profunda crisis institucional. La confianza ciudadana en las principales entidades públicas se ha deteriorado, mientras la confrontación política ha desplazado durante años el debate sobre las reformas que el país necesita con urgencia.
Los gobiernos de Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y, actualmente, José Balcázar han administrado escenarios distintos, pero el balance revela una constante: el Perú continúa sin resolver sus problemas estructurales. Cambiaron las autoridades, los gabinetes y las prioridades políticas, pero la inseguridad, la corrupción, la burocracia, el deterioro de la salud pública y la fragilidad institucional siguieron profundizándose.
La próxima presidenta heredará, además, hospitales con graves limitaciones, infraestructura pública inconclusa, brechas educativas, una administración estatal que requiere modernización y un aparato burocrático que muchas veces dificulta más de lo que facilita el desarrollo.
Pero quizá el desafío más complejo sea recuperar la confianza ciudadana. Ningún programa económico, ninguna reforma institucional y ninguna estrategia de seguridad tendrá éxito si la población continúa percibiendo que las instituciones trabajan de espaldas a sus verdaderas necesidades.
La gobernabilidad no depende únicamente de mayorías parlamentarias o de estabilidad política. Depende, sobre todo, de la capacidad de construir consensos, fortalecer el Estado y generar resultados concretos que la ciudadanía pueda percibir en su vida cotidiana.
El próximo gobierno tendrá una oportunidad histórica para iniciar un verdadero proceso de reconstrucción nacional. Sin embargo, ello exigirá mucho más que discursos, anuncios o cambios de funcionarios.
Será indispensable impulsar reformas profundas en seguridad, justicia, salud, educación, infraestructura y modernización del Estado, bajo una visión de largo plazo que trascienda el periodo presidencial.
Reflexión final
Los inmensos desafíos del Perú no se resolverán en cien días ni en un solo mandato. Pero sí pueden comenzar a resolverse si existe liderazgo, planificación y la voluntad política de colocar los intereses nacionales por encima de las disputas partidarias.
La próxima presidenta no será juzgada únicamente por las promesas que formule, sino por su capacidad para devolverle al Perú algo que se ha ido perdiendo durante demasiado tiempo: la confianza en la que el Estado puede volver a ser una herramienta de desarrollo, protección y esperanza para todos los ciudadanos. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).