El Congreso volvió a demostrar que, cuando se trata de temas delicados, puede actuar con una velocidad que jamás muestra para resolver la inseguridad, la salud pública o el hambre de los peruanos. Esta vez, la Comisión Permanente aprobó en segunda votación una norma que incorpora los delitos de lesa humanidad al Código Penal. En apariencia, suena a avance jurídico. En el fondo, según organizaciones de derechos humanos, podría convertirse en una puerta legal para revisar, debilitar o archivar procesos antiguos vinculados a graves violaciones de derechos humanos.
La política peruana tiene una habilidad notable para vestir de técnica lo que huele a cálculo. Se habla de ordenar el Código Penal, precisar conceptos y dar seguridad jurídica. Muy bonito. Casi impecable. Pero la pregunta incómoda sigue ahí: ¿seguridad jurídica para quién? ¿Para las víctimas que llevan décadas esperando justicia o para quienes buscan cerrar expedientes bajo nuevas reglas?
La norma ha generado rechazo porque, según sus críticos, añade requisitos que no estarían contemplados en el Estatuto de Roma y podría restringir la aplicación de la figura de lesa humanidad en casos de desaparición forzada, tortura, secuestro, violación sexual y homicidio calificado. Es decir, mientras el país debería fortalecer la memoria, la justicia y la reparación, el Congreso parece empeñado en diseñar salidas elegantes para asuntos que la historia todavía no ha cerrado.
El asunto no es menor. En el Perú, hablar de lesa humanidad no es discutir teoría penal en un salón académico. Es hablar de Barrios Altos, La Cantuta, Cayara, Pativilca, esterilizaciones forzadas y otros casos que marcaron a familias enteras. Es hablar de madres, hijos y comunidades que no piden venganza, sino justicia. Pero a veces el poder parece confundir justicia con incomodidad y memoria con obstáculo.
La aprobación también revela una peligrosa tendencia: legislar mirando más al pasado de ciertos procesados que al futuro de las víctimas. Y cuando el Congreso empieza a producir normas que pueden favorecer la impunidad, la democracia no avanza; retrocede con sello oficial, debate reglamentario y aplausos discretos.
El Ejecutivo tiene ahora la responsabilidad política y moral de observar una ley que nace rodeada de cuestionamientos. No se trata de negar la necesidad de tipificar correctamente los delitos. Se trata de impedir que una supuesta precisión legal termine funcionando como una tijera contra la justicia.
Reflexión final
Un país que archiva su memoria termina condenándose a repetir sus abusos. La lesa humanidad no puede convertirse en un trámite acomodado al interés del momento. Porque cuando el poder legisla contra las víctimas, no solo se debilita la justicia: se humilla la historia. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).