El Perú vuelve a comprobar que, cuando se trata de controlar el poder, la Constitución puede terminar convertida en una pieza decorativa. El Congreso ha comunicado al presidente José María Balcázar que su mandato concluirá el domingo 26 de julio y que deberá entregar la banda presidencial al día siguiente. La exigencia, impulsada desde el fujimorismo, no solo adelanta una ceremonia: abre un vacío institucional que nadie parece dispuesto a explicar con seriedad.
La pregunta es sencilla, aunque incómoda: ¿quién gobernará el Perú entre la salida de Balcázar y la juramentación del nuevo gobierno el 28 de julio? Hasta ahora, el Congreso ha mostrado más apuro por retirar la banda que preocupación por garantizar la continuidad constitucional del Estado.
El constitucionalista Francisco Eguiguren ha advertido que existe un vacío legal. No es una observación menor ni un tecnicismo reservado para abogados. Se trata de saber quién ejercerá la jefatura del Estado, quién tomará decisiones y quién responderá ante una eventual emergencia. Sin embargo, el Parlamento parece actuar como si esos detalles fueran obstáculos secundarios frente al afán de ocupar cuanto antes el centro de la fotografía.
El precedente de Francisco Sagasti demuestra que era posible esperar hasta el 28 de julio para realizar la entrega de la banda. Pero esta vez se ha escogido el camino más polémico: forzar la salida anticipada, imponer una interpretación discutible y dejar que el país descubra sobre la marcha quién manda.
La situación se vuelve aún más preocupante mientras el fujimorismo negocia la Mesa Directiva y se mencionan nombres para el próximo gabinete. Oficialmente no existen alianzas, solo “buenas conversaciones”. En la política peruana, ese tipo de frases suele significar que los acuerdos avanzan mientras la ciudadanía permanece fuera de la habitación.
No se está discutiendo la defensa personal de Balcázar ni la prolongación de un gobierno transitorio. Se está denunciando una forma de ejercer el poder: primero se toma la decisión y después se busca la explicación jurídica. Así empiezan los abusos institucionales, disfrazados de procedimientos administrativos.
El nuevo gobierno debería comenzar respetando escrupulosamente los plazos, los precedentes y la continuidad del Estado. Apurar la banda presidencial no fortalece la democracia; alimenta la sospecha de que la legalidad solo importa cuando no interfiere con los planes del poder.
Reflexión final
Una banda presidencial no es un trofeo partidario ni una llave que puede entregarse antes de tiempo. Representa la autoridad constitucional del país. Cuando los políticos juegan con sus fechas, sus símbolos y sus vacíos, no humillan a un mandatario saliente: ponen en riesgo la dignidad de toda la República. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).