El Gobierno de Keiko Fujimori bautizó su ofensiva contra la delincuencia como Plan Escudo. El nombre transmite protección, autoridad y firmeza. Las cifras, lamentablemente, transmiten algo distinto: durante los primeros 20 días de gestión se estiman 105 homicidios, aproximadamente seis asesinatos diarios.
El problema no es que el Gobierno haya desplegado policías. De hecho, más de 4.000 efectivos de la PNP, con apoyo de las Fuerzas Armadas, fueron movilizados para reforzar la seguridad del transporte público en Lima dentro del Plan Escudo. El problema es pretender que presencia policial extraordinaria equivale automáticamente a una política nacional de seguridad.
Un escudo puede contener un golpe. No desarticula una organización criminal.
Según los datos del SINADEF difundidos por el analista Juan Carbajal, entre el 28 de julio y el 14 de agosto se registraron 102 homicidios, 79 de ellos causados por proyectil de arma de fuego. Eso representa 77,5%, una proporción extremadamente preocupante que refleja hasta qué punto las armas se han convertido en instrumento habitual del homicidio.
Otros reportes recientes ya advertían la magnitud del sicariato: solo entre el 28 de julio y el 10 de agosto se habían contabilizado 81 homicidios, 62 cometidos con armas de fuego.
Mientras tanto, la Policía Nacional tenía previsto presentar públicamente sus resultados el 16 de agosto. La exposición fue primero postergada y posteriormente cancelada sin nueva fecha anunciada. En momentos de crisis, suspender una rendición de cuentas produce exactamente lo contrario de lo que necesita la ciudadanía: más incertidumbre.
Y aquí aparece el problema estructural. El Plan Escudo no puede convertirse en otro operativo con nombre comercial, fotografías oficiales y fecha de vencimiento.
El crimen organizado trabaja integrado: sicarios, extorsionadores, armas ilegales, cárceles, lavado de activos, corrupción y economías clandestinas funcionan como una cadena. El Estado continúa respondiendo desde compartimentos separados: Policía por un lado, Fiscalía por otro, municipios por otro, sistema penitenciario por otro.
Después llegan las reuniones de coordinación. El crimen, curiosamente, nunca necesitó tantas.
El Perú necesita un Plan Nacional de Lucha contra la Criminalidad, no una colección de estados de emergencia y operativos temporales. Debe integrar inteligencia policial, investigación fiscal, control penitenciario, persecución patrimonial, control de armas, prevención social y gobiernos locales bajo objetivos mensurables.
Reflexión final
El Plan Escudo puede ser una herramienta; convertirlo en estrategia sería un error. Las patrullas disuaden, pero no reemplazan inteligencia; los militares impresionan, pero no investigan redes financieras; y los nombres contundentes no detienen balas.
Si el Gobierno responde asesinato por asesinato, terminará administrando estadísticas mortales. El crimen ya funciona como un sistema. La pregunta incómoda es cuánto tiempo más necesitará el Estado para empezar a funcionar como uno. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).