El paro anunciado por los gremios de transporte de Lima y Callao para el 25 de agosto no es una simple medida de presión. Es la consecuencia de un problema mucho más grave: la sensación de que el Estado continúa reaccionando a la criminalidad con operativos, anuncios y despliegues parciales, mientras extorsionadores y sicarios siguen imponiendo sus propias reglas. La Unión Gremial ha pedido una reunión urgente con el Ejecutivo y advierte que suspenderá la paralización si obtiene respuestas concretas. Lo preocupante es que, a estas alturas, los transportistas todavía tengan que preguntar si existe realmente un plan.
La inseguridad ya dejó de ser un problema policial para convertirse en una crisis de gobernabilidad. Conductores asesinados, empresarios amenazados, buses atacados y cobros de cupos forman parte de una rutina que el país nunca debió normalizar.
El Gobierno de Keiko Fujimori corre el riesgo de repetir exactamente los errores de Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y José Balcázar: responder con medidas aisladas sin construir un Plan Nacional Integral contra la Criminalidad. El llamado Plan Escudo puede reforzar rutas y paraderos, pero si no está integrado a una estrategia nacional con inteligencia, investigación financiera, control penitenciario, fiscalías especializadas, protección a transportistas y presencia territorial, seguirá siendo apenas un paliativo.
Y el problema no termina en Lima y Callao. La extorsión ya golpea a transportistas, comerciantes y empresarios en numerosas regiones. Combatirla únicamente desde la capital reproduce un centralismo absurdo frente a organizaciones criminales que no reconocen fronteras distritales ni regionales.
Los gremios plantean reforzar unidades policiales y fiscales, controlar comunicaciones desde penales y aumentar vigilancia en corredores críticos. Son propuestas elementales. Lo inquietante es que tengan que ser los propios amenazados quienes recuerden al Estado cómo debe protegerlos.
El Ejecutivo debería convocar una verdadera Mesa Nacional de Seguridad con Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, INPE, UIF, telecomunicaciones, bancos, gobiernos regionales, municipios y gremios empresariales. El crimen funciona como red; el Estado sigue operando por compartimentos.
El paro del 25 de agosto puede suspenderse con una reunión. La crisis, no. Lo que los transportistas exigen no es una foto con funcionarios, sino una estrategia capaz de reducir ataques y devolver seguridad.
Reflexión final
Cuando los ciudadanos tienen que paralizar una ciudad para conseguir que el Gobierno los escuche, algo está fallando profundamente. Si no hay plan, mando, inteligencia y resultados, cualquier “escudo” será apenas propaganda frente a delincuentes que ya aprendieron a perforarlo. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).