El Gobierno de Keiko Fujimori declaró por 60 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao. Otra vez habrá restricciones de derechos, operativos especiales, participación de las Fuerzas Armadas, controles en penales y anuncios de coordinación. Otra vez el Estado promete que ahora sí.
El problema es que esta película ya la vimos. Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y José Balcázar también recurrieron a estados de emergencia. El resultado fue el mismo: la delincuencia se adaptó, las extorsiones continuaron y los homicidios siguieron creciendo. Cambia el decreto; el miedo permanece.
La nueva medida llega cuando, según el SINADEF, durante el primer mes del Gobierno se registraron 151 homicidios en el país, de los cuales el 75,5% fueron cometidos con armas de fuego. Lima concentró 48 muertes. Además, desde la juramentación presidencial se contabilizan 105 homicidios en Lima y Callao.
Mientras tanto, el llamado Plan Escudo tampoco ha logrado modificar de forma convincente el panorama. Los transportistas siguen denunciando extorsiones, amenazas y asesinatos. El paro convocado por el sector fue una señal clara de desconfianza frente a una estrategia que no ofrece resultados suficientes.
Y aquí está el fondo del problema: el Gobierno administra la inseguridad como una emergencia temporal cuando la criminalidad ya es estructural.
No basta con sacar militares a las calles durante dos meses. No basta con apagar celdas, destruir antenas clandestinas o crear un nuevo comando con nombre institucional. El crimen organizado opera con inteligencia, dinero, tecnología, armas, redes penitenciarias, corrupción y capacidad de adaptación. ¿Dónde está el Plan Nacional Integral de Lucha contra la Criminalidad que articule Policía, Fiscalía, Poder Judicial, INPE, inteligencia financiera, municipios, fronteras y cooperación internacional?
Ese plan, al menos públicamente, no aparece con la claridad y dimensión que exige la crisis.
Si faltan especialistas, hay que convocarlos. Si se necesita cooperación extranjera, hay que buscarla. Si el sistema penitenciario es parte del problema, debe reformarse de raíz. Lo que no sirve es repetir una receta que ya fracasó y presentarla como innovación.
El estado de emergencia puede ser una herramienta puntual, pero no una política de seguridad. Si dentro de 60 días seguimos contando muertos, extorsiones y atentados, el problema no será la falta de decretos: será la falta de estrategia.
Reflexión final
El Perú no necesita otro calendario de emergencia. Necesita conducción, inteligencia y resultados. El crimen organizado piensa a largo plazo; el Estado sigue gobernando de 60 en 60 días. Esa diferencia, mientras tanto, la siguen pagando los ciudadanos con miedo, dinero y vidas. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).