En el Perú, trabajar no garantiza tener derechos. El 73,7% del empleo privado es informal, según un estudio elaborado por Ipsos Perú por encargo de ComexPerú. Detrás de ese porcentaje existen millones de personas sin contrato, estabilidad, vacaciones, gratificaciones, seguro de salud ni protección efectiva ante un despido. No es únicamente una cifra económica: es la radiografía de un país donde la desprotección laboral se ha convertido en normalidad.
La situación resulta especialmente grave en las microempresas, donde solo el 10,3% del empleo es reconocido legalmente y apenas el 14% afirma tener a la mayoría de sus trabajadores en planilla. En las pequeñas y medianas empresas, el empleo formal alcanza el 55,8%; en las grandes, llega al 81,6%. Así funciona el mercado laboral peruano: cuanto menor es la empresa, mayor es la posibilidad de que el trabajador quede fuera de la ley.
Sin protección laboral, una enfermedad puede significar pérdida de ingresos; un accidente, abandono; y un despido, quedar sin defensa ni compensación. Mientras las autoridades celebran indicadores macroeconómicos y mejoras en la reputación internacional, una amplia mayoría de trabajadores continúa sosteniendo la economía desde la precariedad. El país puede avanzar en las clasificaciones, pero sus ciudadanos siguen esperando que ese progreso alcance la planilla.
La responsabilidad tampoco puede trasladarse exclusivamente a las microempresas. La delincuencia, la burocracia, el costo de EsSalud y la incertidumbre política dificultan la formalización. El Estado exige que los negocios cumplan, pero les impone trámites repetidos, entidades desarticuladas y costos difíciles de asumir. Después fiscaliza principalmente a quienes ya son formales: solo el 7% de las microempresas reporta contacto con Sunafil, frente al 81% de las grandes compañías. Se vigila con intensidad la parte iluminada del mercado mientras la informalidad crece en la sombra.
La solución no consiste en reducir derechos para mejorar artificialmente las estadísticas. Un empleo con menos protección no es formalización: es precariedad con sello oficial. Se necesitan procedimientos simples, plataformas integradas, incentivos, orientación preventiva y una fiscalización basada en riesgos que llegue precisamente donde la vulneración es mayor.
El 73,7% de informalidad privada demuestra que el sistema actual fracasó. Formalizar debe ser accesible para las empresas y protector para los trabajadores. Ambas condiciones son inseparables.
Reflexión final
Un país donde casi tres de cada cuatro empleos privados funcionan fuera de la protección legal no enfrenta una excepción, sino una injusticia estructural. La pregunta ya no es cuántos peruanos tienen trabajo, sino cuántos pueden enfermarse, reclamar o envejecer sin quedar abandonados. Mientras esa respuesta continúe siendo minoritaria, hablar de desarrollo será apenas una formalidad. . (Foto ilustración: lacajanegra.blog).