Las aulas también se han convertido en territorio de violencia. La violencia escolar alcanzó un récord en el Perú: 11.805 reportes entre enero y agosto de 2026. La cifra más alta desde que existen registros en la plataforma SíSeVe no describe una simple crisis de convivencia. Revela que el Estado ha perdido capacidad para garantizar seguridad incluso dentro de los lugares donde niños y adolescentes deberían aprender, relacionarse y crecer protegidos.
El Ministerio de Educación registra las agresiones con precisión estadística, pero no consigue detener su crecimiento. Los reportes aumentan, los protocolos se multiplican y las víctimas continúan apareciendo. El sistema parece muy preparado para contar los casos y demasiado lento para evitarlos.
De los 11.805 reportes, 8.156 corresponden a hechos de violencia entre estudiantes. En el mismo periodo de 2025 fueron 6.880. El incremento anual alcanza 18,5 %, suficiente para demostrar que el problema no está contenido: está expandiéndose.
La violencia sexual aumentó 35,4 %, el crecimiento más alarmante. Las agresiones físicas subieron 16,5 % y las psicológicas, 15,3 %. Son cifras que traducen abusos, amenazas, golpes, humillaciones y hostigamientos capaces de destruir la estabilidad emocional de cualquier menor.
También existen 3.649 reportes de violencia atribuida a trabajadores de instituciones educativas: 1.972 psicológicos, 861 sexuales y 816 físicos. Cada caso requiere investigación y debido proceso, pero ninguna explicación administrativa puede normalizar semejante volumen de denuncias contra personas responsables de cuidar y formar estudiantes.
El Ministerio de Educación suele responder que cuenta con protocolos. El problema es que un protocolo guardado en una oficina no detiene un golpe, no impide una agresión sexual ni protege al alumno que lleva meses denunciando bullying.
Los casos conocidos muestran el verdadero costo de esa ineficacia. Un escolar de 13 años murió en Huancayo tras ser atacado con un arma blanca. Otro estudiante fue atado, amordazado, golpeado y grabado por sus compañeros. En San Juan de Lurigancho, un menor terminó en cuidados intensivos después de una agresión cerca de su colegio.
Entonces llega la maquinaria burocrática: se abre un expediente, se anuncia una intervención y se comunica que “los protocolos fueron activados”. Siempre después. Después del ataque, después de la hospitalización y, en ocasiones, después de la muerte. La prevención parece comenzar cuando ya no queda nada que prevenir.
SíSeVe permite conocer la dimensión del problema, pero corre el riesgo de convertirse en el archivo oficial de una derrota. Registrar una agresión no significa resolverla. Contabilizar víctimas no equivale a protegerlas.
El daño también continúa fuera de la escuela. El ciberacoso persigue a los estudiantes mediante redes sociales y grupos de mensajería. La víctima cambia de aula, de colegio o de distrito, pero la violencia viaja en su teléfono.
La Caja Negra exige que el Minedu declare la violencia escolar como una emergencia nacional educativa. Se necesitan psicólogos suficientes, equipos especializados, supervisión permanente, canales confidenciales y seguimiento obligatorio de cada denuncia.
Los directores que minimicen el bullying como un “problema entre alumnos” deben responder administrativamente. Las unidades de gestión educativa local deben fiscalizar colegios, no coleccionar informes. Cuando existan indicios de delito, la denuncia debe llegar inmediatamente a la Fiscalía y a la Policía.
Reflexión final
Once mil ochocientos cinco reportes no son una estadística fría. Son miles de advertencias de que las escuelas están fallando en su obligación más elemental: mantener a salvo a sus estudiantes.
El récord de violencia escolar no pertenece únicamente a los agresores. También pertenece a las autoridades que ignoraron señales, a las instituciones que reaccionaron tarde y a quienes confundieron el silencio con disciplina.
Cuando el Estado necesita esperar el golpe para activar un protocolo, no está protegiendo a la infancia. Está redactando, caso por caso, el inventario de su abandono. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).