El Congreso vuelve a discutir un retiro de los fondos de las AFP. Sería el noveno. La diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, propone que los afiliados accedan voluntaria y progresivamente a sus ahorros ante una posible crisis provocada por el Fenómeno El Niño. Todavía no existe un monto definido ni una norma aprobada, pero la política ya encontró su recurso favorito: cuando el Estado no sabe cómo proteger a la población, le permite gastar el dinero que reservó para su vejez.
La iniciativa pretende responder a una emergencia económica posible y razonablemente advertida. El Niño Costero podría afectar empleos, producción, abastecimiento y precios. Pero autorizar otro retiro no constituye una política de prevención climática ni un programa de protección social. Es apenas trasladar la factura al afiliado y presentar el desembolso de su propio dinero como si fuera asistencia pública.
Conviene precisar que no se ha autorizado un retiro de cuatro unidades impositivas tributarias ni de S/22.000. El proyecto carece todavía de monto máximo, cronograma y condiciones. Sin embargo, esa indefinición no impide que el tema sea utilizado como consigna política. Primero se anuncia el alivio; después, con suerte, se calculan sus consecuencias.
Los retiros reducen el capital destinado a la jubilación. Esa realidad es indiscutible. Pero también es cierto que miles de trabajadores recurren a esos fondos porque el sistema público no ofrece protección suficiente frente al desempleo, una enfermedad o un desastre. El ciudadano debe escoger entre llegar económicamente vivo al próximo mes o conservar una pensión para un futuro cada vez más incierto. Luego las autoridades lo reprenden por elegir sobrevivir.
La eventual oposición de Keiko Fujimori y Fuerza Popular tendrá una carga histórica inevitable: el sistema privado de pensiones fue introducido durante el gobierno de Alberto Fujimori. Eso no demuestra por sí mismo una alianza actual con las AFP, pero sí exige una explicación especialmente transparente. Si rechazan el retiro, deben presentar una alternativa concreta para las familias afectadas. Defender la jubilación futura mientras se ignora la emergencia presente es una comodidad discursiva, no una solución.
El Congreso debe abandonar la improvisación. Si aprueba el retiro, debe definir beneficiarios, límites y efectos previsionales. Si lo rechaza, debe financiar ayudas directas, seguros y créditos de emergencia. Lo inadmisible es decir “no” y dejar al ciudadano solo frente al desastre.
Reflexión final
El noveno retiro no prueba que los peruanos desconozcan la importancia de ahorrar. Demuestra que el Estado convirtió las cuentas individuales en su caja de contingencia. Cada crisis termina pagada por el trabajador: primero con sus impuestos, después con sus ahorros y finalmente con una pensión menor. La política contempla el naufragio desde la orilla y, con notable generosidad, autoriza al ciudadano a construir su propia balsa. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).