El Perú vuelve a recibir una noticia que debería sacudir al poder, aunque el poder parezca haberse acostumbrado a mirar la tragedia desde una cómoda distancia. Virgilio Asto García, candidato a regidor del centro poblado El Bosque, en Menocucho, fue hallado sin vida en Trujillo. Las causas todavía se investigan y sería irresponsable afirmar que fue asesinado. Sin embargo, resultaría igualmente irresponsable minimizar la alarma: es el segundo candidato fallecido en menos de una semana, después del asesinato a balazos de Susy Aponte Polo en Caraz.
Asto tenía 71 años, era dirigente vecinal e integraba la agrupación independiente Gota de Esperanza. Sus allegados reclaman una investigación rápida, profunda y transparente. No exigen un privilegio: piden aquello que cualquier ciudadano debería recibir de un Estado funcional, aunque en el Perú contemporáneo obtener respuestas parezca un servicio extraordinario.
Mientras la Policía investiga, la inseguridad continúa imponiendo su propia agenda. Amenaza a comerciantes, transportistas, familias, dirigentes y ahora proyecta su sombra sobre quienes participan en política local. Cuando se postula a un cargo público, comienza a convivir con el temor, la democracia deja de ser una competencia de propuestas y se convierte en una actividad de riesgo.
El Gobierno de Keiko Fujimori debe explicar qué resultados concretos han producido los estados de emergencia y el promocionado Plan Escudo. Hasta ahora, las declaratorias excepcionales parecen abundar más que las capturas, y los anuncios oficiales llegan con mayor puntualidad que la seguridad. Cambiar el nombre de una estrategia no cambia la realidad de las calles; tampoco transforma una conferencia de prensa en política criminal.
No basta desplegar agentes durante algunos días, organizar operativos para las cámaras y repetir que se trabaja “sin descanso”. Se necesita inteligencia contra las organizaciones criminales, protección para autoridades y candidatos amenazados, investigación fiscal oportuna, control penitenciario y coordinación nacional. Sin resultados verificables, el escudo termina siendo utilería institucional: luce firme en el discurso, pero no detiene el golpe.
La muerte de Virgilio Asto debe esclarecerse sin apresuramientos, interferencias ni silencios. Si se confirma un delito, los responsables deben ser identificados y sancionados; si la causa fue otra, el país también merece conocerla. Investigar con rigor es proteger la verdad y evitar que la sospecha ocupe el lugar abandonado por las instituciones.
Reflexión final
Un gobierno no puede prometer seguridad mientras administra funerales, comunicados y estados de emergencia sin eficacia demostrable. Cuando dos candidatos mueren en pocos días —una asesinada y otro en circunstancias todavía inciertas—, la respuesta no puede ser otra fotografía oficial. El Perú necesita justicia, prevención y autoridad legítima. Porque una democracia rodeada de miedo puede conservar elecciones, pero empieza a perder ciudadanos dispuestos a participar. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).