La corrupción como socia del crimen. La minería ilegal no avanza únicamente con excavadoras, explosivos y armas. También necesita información reservada, protección, trámites complacientes, investigaciones frustradas y autoridades dispuestas a mirar hacia otro lado. Su principal aliada no está escondida en un socavón: ocupa escritorios, viste uniformes y, en algunos casos, administra los controles destinados a combatirla.
Pataz se ha convertido en una radiografía del fracaso institucional. En una de las provincias con mayor riqueza aurífera del país, el Estado declara emergencias, despliega fuerzas y anuncia operaciones, pero las organizaciones criminales continúan extrayendo oro, disputando territorios y atemorizando a la población.
Entre 2019 y 2024, el Tribunal de Disciplina Policial emitió por lo menos 37 fallos relacionados con minería ilegal que involucraron a 96 efectivos en distintas regiones. Los casos han continuado aumentando.
En Pataz, cuatro suboficiales pertenecientes a unidades de investigación e inteligencia recibieron prisión preventiva por presunto secuestro y extorsión contra una empresaria. También fue detenido un capitán del Ejército que ejercía como jefe de inteligencia del Comando Unificado de Pataz, acusado de presuntamente extorsionar a un empresario.
En Madre de Dios, dos fiscales fueron arrestados por supuestos vínculos con organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal. Todos los investigados conservan su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. Sin embargo, la acumulación de casos impide continuar repitiendo la cómoda explicación de que se trata solamente de conductas individuales.
Cuando policías, militares o fiscales encargados de combatir una economía ilícita aparecen bajo investigación por presuntamente favorecerla, el problema deja de ser una falta menor. Estamos ante una posible infiltración del crimen en las instituciones.
La situación revela una paradoja indignante: el Estado financia unidades de inteligencia, paga operativos y declara emergencias, mientras algunas de sus propias piezas podrían estar proporcionando información, protección o impunidad a las organizaciones perseguidas. El enemigo ya no necesita derribar la puerta cuando encuentra a alguien dispuesto a abrirla desde adentro.
El Gobierno informa que las operaciones en Pataz ocasionaron pérdidas por S/248 millones a las estructuras criminales. También se incautaron armas, fusiles, explosivos y equipos de protección. Los resultados son significativos, pero la minería ilegal regresa pocas semanas después de cada intervención. Se destruye un campamento, se ofrece una conferencia de prensa y la maquinaria vuelve a funcionar cuando las cámaras se retiran.
La razón es evidente: se atacan los instrumentos, pero no siempre el sistema. El oro ilegal necesita compradores, financistas, plantas de procesamiento, proveedores de insumos, rutas de transporte y mecanismos de lavado de activos. Necesita, además, complicidades que conviertan los controles públicos en simples obstáculos negociables.
La Caja Negra exige una investigación integral sobre las redes que conectan a mineros ilegales con policías, militares, fiscales, autoridades regionales y funcionarios ambientales. Deben revisarse patrimonios, comunicaciones, decisiones, traslados sospechosos y operaciones financieras, sin encubrimientos corporativos ni interferencias políticas.
La depuración institucional debe respetar el debido proceso, pero no puede convertirse en una ceremonia interminable donde los expedientes envejecen mientras las mafias prosperan.
Reflexión final
La minería ilegal no solo roba oro. También destruye ecosistemas, financia organizaciones armadas, corrompe autoridades y sustituye el poder legítimo del Estado.
No habrá victoria mientras se persiga al operador del socavón y se proteja al funcionario que le proporciona cobertura. Cuando el crimen compra a quienes deben combatirlo, el Estado deja de perseguir a la mafia y comienza, peligrosamente, a trabajar para ella. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).