La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, rechazó públicamente las declaraciones de Keiko Fujimori ante la Asamblea General de la ONU sobre los procesos seguidos contra militares y policías que combatieron el terrorismo. Su respuesta no constituye una discrepancia protocolar ni una disputa entre autoridades. Es una advertencia institucional: ningún gobernante puede convertir una tribuna internacional en tribunal paralelo ni presentar sus apreciaciones políticas como veredictos judiciales.
Fujimori afirmó que, después de 34 años, integrantes de las fuerzas del orden continúan siendo juzgados pese a supuestas vulneraciones del debido proceso. La preocupación por procesos excesivamente prolongados es legítima. También lo es exigir que toda persona sea juzgada con garantías. Sin embargo, determinar si existió una transgresión corresponde a los órganos jurisdiccionales, no al Ejecutivo mediante una declaración política pronunciada fuera del país.
Tello recordó un hecho que suele quedar relegado en los relatos interesados: policías y militares enfrentaron al terrorismo, pero los jueces también cumplieron una tarea decisiva. Hubo magistrados asesinados y otros que, bajo amenazas, impusieron condenas severas a responsables de crímenes terroristas. Abimael Guzmán, cabecilla de Sendero Luminoso, murió en prisión después de recibir cadena perpetua. La justicia, por tanto, no fue espectadora de aquella tragedia nacional.
El aspecto más preocupante es la contradicción presidencial. Fujimori prometió respetar la separación de poderes y la independencia judicial. Poco después, sus palabras ante la ONU fueron interpretadas por la titular del Poder Judicial como una afectación a esa autonomía. La independencia de los jueces no puede celebrarse durante las ceremonias y cuestionarse cuando sus decisiones incomodan al poder.
Reconocer el sacrificio de las fuerzas del orden no significa conceder inmunidad. Investigar a un militar o policía tampoco implica desconocer su servicio ni anticipar su culpabilidad. En democracia, cada caso debe resolverse con pruebas, defensa y jueces independientes. Lo contrario sería reemplazar el derecho por conveniencias políticas.
El rechazo de Janet Tello resulta necesario porque el silencio habría normalizado una presión impropia. El Poder Judicial no debe actuar como dependencia del Gobierno ni adaptar sus resoluciones al discurso oficial.
La reflexión final es clara: cuando una presidenta cuestiona procesos judiciales desde la ONU, la respuesta institucional no puede ser obediencia ni prudencia calculada. Defender la democracia también exige decirle al poder, con firmeza y dentro de la ley, que la justicia no recibe órdenes. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).