Una campaña electoral debería ser una competencia de propuestas, no una prueba de supervivencia. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha informado que tomó conocimiento de 83 casos de amenazas, extorsiones y ataques contra candidatos de las elecciones regionales y municipales de 2026. La cifra confirma que la violencia criminal ya no permanece fuera de la política: intenta condicionarla, intimidarla y, eventualmente, decidir quién puede competir.
Cada amenaza contra un postulante afecta mucho más que su seguridad personal. También golpea a su familia, restringe sus actividades públicas, altera la campaña y reduce las opciones disponibles para los electores. Cuando un candidato debe elegir entre continuar o proteger su vida, la voluntad popular empieza a ser reemplazada por el miedo.
Frente a este escenario, el JNE difundió un manual de autoprotección para orientar a los participantes. La iniciativa puede contribuir a identificar riesgos, proteger información personal y reaccionar ante situaciones sospechosas. Pero un manual no detiene una bala, no desarticula una organización criminal ni sustituye la responsabilidad de las instituciones encargadas de garantizar seguridad y justicia.
La autoprotección no puede convertirse en la coartada de un Estado ausente. Corresponde establecer una coordinación permanente entre el JNE, la Policía Nacional, el Ministerio Público, las prefecturas y las organizaciones políticas. Se necesita un mapa territorial de amenazas, canales rápidos de denuncia, evaluación individual del riesgo y protección efectiva para los casos más graves.
También debe investigarse si detrás de los ataques existen bandas de extorsionadores, intereses económicos, disputas locales o redes que buscan capturar municipios y gobiernos regionales. Sin adelantar responsabilidades, resulta indispensable seguir el dinero, identificar a los autores intelectuales y evitar que la impunidad transforme la intimidación en una rentable estrategia electoral.
La violencia puede beneficiar a quienes desean eliminar adversarios sin derrotarlos en las urnas. Por eso, tratar estos casos como simples incidentes policiales sería desconocer su dimensión democrática.
Las autoridades deben esclarecer los 83 casos y comunicar, sin exponer a las víctimas, cuántas denuncias fueron formalizadas, qué medidas se adoptaron y cuáles son las zonas de mayor riesgo. La transparencia también protege: impide que las amenazas desaparezcan entre expedientes y silencios burocráticos.
Reflexión final
Una elección deja de ser plenamente libre cuando el miedo selecciona candidatos antes que los ciudadanos. Entregar manuales mientras los agresores permanecen sin identificar es apenas administrar el peligro. La democracia no necesita postulantes entrenados para esconderse; necesita un Estado capaz de garantizar que nadie sea obligado a callar, renunciar o morir por participar en política. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).