Desde hoy, lunes 28 de septiembre, comienza el silencio progresivo de la campaña electoral. Ya está prohibida la difusión de encuestas de intención de voto y, conforme se acerque el domingo 4 de octubre, también quedarán suspendidos los mítines, la propaganda política, la venta de bebidas alcohólicas y determinadas reuniones públicas. Las restricciones buscan proteger la libertad del elector; pero una norma sin fiscalización imparcial puede terminar convertida en simple decoración jurídica.
Desde las 00:00 horas de hoy, los medios de comunicación no pueden publicar ni difundir encuestas electorales. Incumplir esta disposición puede originar multas de entre 10 y 100 unidades impositivas tributarias, equivalentes a montos que van desde 55 mil hasta 550 mil soles.
El viernes 2 de octubre, también desde la medianoche, quedarán prohibidas las reuniones y manifestaciones públicas de carácter político. Un día después, el sábado 3, se suspenderá toda clase de propaganda electoral. Ese mismo sábado, a las 8:00 de la mañana, comenzará la denominada “ley seca”, que se mantendrá vigente hasta las 8:00 de la mañana del lunes 5.
Durante la jornada electoral tampoco estarán permitidas las concentraciones de personas dentro de un radio de cien metros de los locales de votación. Entre las 7:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde se suspenderán, además, los espectáculos populares, las funciones teatrales y cinematográficas y las reuniones públicas.
El calendario resulta claro. El verdadero desafío será aplicarlo con la misma firmeza en Lima y las regiones, frente a organizaciones grandes y pequeñas, candidatos influyentes y postulantes sin poder. Sería contradictorio vigilar rigurosamente una reunión vecinal mientras la propaganda encubierta circula mediante cuentas anónimas, mensajes masivos, transmisiones digitales o contenidos disfrazados de información.
Existe también una paradoja: prohibir encuestas en medios formales puede contener la manipulación de última hora, pero no impide que cifras sin ficha técnica invadan redes sociales y grupos privados. Allí, la medición deja de estar sometida al escrutinio público y puede transformarse en rumor electoral con apariencia científica.
El JNE ha anunciado operativos en todo el país. No bastará con intervenir: deberá informar qué infracciones detectó, a quiénes sancionó y bajo qué criterios. La transparencia de la fiscalización será tan importante como las restricciones.
Reflexión final
La democracia necesita una pausa antes del voto, pero no una venda sobre los ojos. Desde hoy se silencia la campaña; no deben silenciarse las infracciones. Si la ley solo alcanza a quienes resulta fácil controlar, se protegerá el calendario electoral, pero no necesariamente la voluntad ciudadana. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).