Rafael López Aliaga lanzó una comparación políticamente incómoda para el Gobierno de Keiko Fujimori: “No necesitas tantas facultades”. Su referencia a Dina Boluarte no pretende reivindicar aquella gestión, sino cuestionar que el actual Ejecutivo condicione su respuesta contra la inseguridad a la aprobación de una amplia delegación legislativa. El mensaje es directo: si hasta un gobierno caracterizado por su limitada capacidad de reacción emitía decretos de urgencia con frecuencia, ¿por qué la administración actual parece necesitar poderes adicionales para comenzar a gobernar?
La crítica golpea donde más duele. Mientras el Gobierno solicita facultades, los asesinatos, las extorsiones y los cobros de cupos no esperan dictámenes parlamentarios. López Aliaga afirmó que durante los primeros sesenta días de gestión se habrían producido entre doscientas y trescientas muertes. También aseguró, basándose en conversaciones con residentes de sectores vulnerables, que ocho de cada diez personas pagarían cupos. Son afirmaciones graves que requieren respaldo estadístico oficial, pero reflejan una percepción ciudadana difícil de negar: el crimen avanza con mayor rapidez que el Estado.
Comparar a Fujimori con Boluarte constituye una severa advertencia política. La ciudadanía no eligió un gobierno para que explicara las limitaciones del cargo, sino para que utilizara las competencias disponibles. El Ejecutivo puede presentar proyectos urgentes, emitir decretos dentro del marco constitucional, fortalecer la inteligencia policial, perseguir las finanzas criminales, intervenir las cárceles y mejorar la protección de transportistas, comerciantes y testigos. Las facultades adicionales pueden ayudar, pero no deben convertirse en coartada para la demora.
López Aliaga plantea considerar a sicarios y extorsionadores como “terroristas urbanos” y llevarlos ante tribunales militares. La indignación que inspira esa propuesta es comprensible; su viabilidad constitucional, en cambio, exige un debate riguroso. La firmeza no consiste en reemplazar la ley por frases contundentes. Una norma improvisada puede terminar anulada, mientras el delincuente continúa operando.
El dirigente también asegura que Renovación Popular no boicoteará al Gobierno ni interpelará a ministros. Esa disposición debe significar colaboración responsable, no renuncia a fiscalizar. Apoyar lo urgente no obliga a conceder todo lo solicitado.
Keiko Fujimori debe explicar qué facultades necesita, para qué las utilizará y qué resultados verificables ofrecerá. Pedir mayores atribuciones sin demostrar eficacia con las actuales alimenta la sospecha de que el problema no es jurídico, sino político y operativo.
Reflexión final
La comparación con Boluarte debería encender todas las alarmas en Palacio. Cuando un gobierno empieza a parecerse al pasado que prometió superar, las excusas dejan de protegerlo. El crimen gobierna territorios sin pedir facultades; el Estado, en cambio, parece seguir solicitando permiso para actuar. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).