Elecciones bajo amenaza: el crimen también quiere gobernar Perú

Las elecciones deberían ser una competencia de propuestas, liderazgos y proyectos para resolver los problemas de la ciudadanía. Sin embargo, en el Perú de 2026, algunos candidatos ya no solo deben convencer al elector: también necesitan sobrevivir a amenazas, extorsiones y ataques.

El Jurado Nacional de Elecciones ha alertado sobre 83 casos que afectan a postulantes de distintas organizaciones políticas en el proceso regional y municipal. No hablamos de incidentes aislados ni de simples disputas partidarias. Estamos ante indicios de una interferencia criminal que pretende imponer sus propias condiciones sobre la democracia.

Cuando el Estado no garantiza que todos puedan participar sin miedo, las urnas permanecen abiertas, pero la democracia ya está secuestrada. Las organizaciones criminales no amenazan candidatos únicamente para silenciar personas. Buscan retirar competidores, condicionar campañas, controlar futuras autoridades y acercarse a presupuestos, licencias, contratos y obras públicas. Allí donde una mafia decide quién puede postular, el ciudadano deja de elegir libremente entre alternativas auténticas.

El peligro comienza mucho antes del día de la votación. Basta una llamada, un mensaje o un disparo para alterar una candidatura. Quien recibe amenazas puede reducir sus actividades, abandonar determinadas zonas o retirarse de la competencia. El crimen consigue así aquello que debería decidir el elector: eliminar opciones.

El asesinato de una periodista y candidata regional en Áncash, ocurrido después de que denunciara amenazas contra su vida, representa una advertencia que el país no puede archivar como una noticia más. El móvil y las responsabilidades deben establecerse mediante investigación, pero el efecto político ya resulta evidente: una candidata fue asesinada en plena campaña y otros postulantes comprendieron que también podrían convertirse en objetivos.

Una elección celebrada bajo intimidación puede conservar actas, cédulas y mesas de sufragio, pero pierde libertad. La democracia no consiste solamente en depositar una papeleta; requiere que los candidatos puedan recorrer las calles, denunciar irregularidades y solicitar votos sin pedir permiso a una organización criminal.

También existe un riesgo posterior. Las mafias pueden financiar campañas, infiltrar equipos, imponer funcionarios o cobrar favores después de la victoria. El premio ya no sería únicamente silenciar a un adversario, sino capturar municipalidades y gobiernos regionales desde dentro. Obras, transporte, comercio ambulatorio, minería ilegal y contrataciones públicas podrían convertirse en territorios disputados por redes que utilizan la política como extensión de sus negocios.

El Gobierno, la Policía, el Ministerio Público, el JNE y la ONPE necesitan una estrategia conjunta. No basta entregar resguardo después de que una amenaza se hace pública ni reaccionar cuando aparece una víctima. Se requieren mapas de riesgo, canales reservados de denuncia, protección diferenciada, investigación financiera y equipos fiscales especializados.

Las organizaciones políticas tampoco pueden fingir inocencia permanente. Deben revisar antecedentes, transparentar aportes y expulsar a quienes mantengan vínculos con economías ilegales. Un partido que recibe dinero sin preguntar su origen puede terminar pagando la factura desde una alcaldía.

El Estado debe garantizar seguridad para todos los candidatos, no solamente para quienes poseen recursos, contactos o protección privada. De lo contrario, la violencia establecerá un filtro perverso: competirán quienes acepten las condiciones criminales o puedan defenderse de ellas.

La Caja Negra sostiene que proteger las elecciones significa investigar cada amenaza antes de que se convierta en atentado, identificar a los autores intelectuales y cerrar el paso al dinero ilegal.

Reflexión final
El crimen ya no se conforma con extorsionar negocios o controlar calles. También quiere intervenir en candidaturas, presupuestos y gobiernos. Si las autoridades llegan tarde, las mafias no necesitarán destruir las urnas: les bastará con decidir previamente quiénes pueden aparecer en ellas. Entonces habrá votación, pero la democracia solo será una escenografía administrada por el miedo. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).

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