El país ingresa en la semana decisiva de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Más de 26 millones de ciudadanos deberán elegir el domingo 4 de octubre a las autoridades del periodo 2027-2030. Con las urnas regresará una antigua conocida: la “ley seca”. La medida busca preservar el orden público, pero su eficacia dependerá de que la fiscalización alcance tanto al comercio tradicional como a los canales digitales.
La restricción comenzará a las 8:00 de la mañana del sábado 3 de octubre y concluirá a la misma hora del lunes 5. Durante esas 48 horas quedarán prohibidos la venta, el expendio y el suministro de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional.
La disposición comprende bares, discotecas, restaurantes, supermercados, licorerías, bodegas y centros de entretenimiento. También alcanza a la venta para llevar y a las entregas realizadas mediante aplicaciones o servicios de reparto. Cambiar el mostrador por una motocicleta no vuelve legal la operación: la “ley seca” también llega al delivery.
Conviene precisar que la norma no prohíbe el consumo privado, sino la comercialización, el suministro y el consumo dentro de establecimientos públicos durante el periodo restringido. Quienes incumplan pueden afrontar hasta seis meses de prisión, además de multas, decomisos e incluso la clausura del establecimiento, según la intervención de las autoridades competentes.
El control estará a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, los Jurados Electorales Especiales, la Policía Nacional, los gobiernos locales, el serenazgo y el Ministerio Público. El despliegue parece contundente sobre el papel. La verdadera prueba será determinar si tendrá la misma intensidad frente a una pequeña bodega, una cadena comercial, una discoteca concurrida o una plataforma digital.
Una fiscalización limitada a los negocios más visibles dejaría una avenida abierta para el comercio clandestino. También premiaría a quienes aprendieron a ocultar la infracción detrás de una pantalla, una llamada telefónica, un catálogo informal o un reparto sin comprobante. La ley debe alcanzar por igual al vendedor de esquina y a las redes organizadas que convierten cada prohibición en una oportunidad de negocio.
La “ley seca” tampoco constituye una solución absoluta. Puede reducir incidentes, pero no reemplaza la seguridad en los locales de votación, el transporte ordenado ni la prevención de delitos electorales. Menos aún puede ocultar la otra intoxicación de la campaña: desinformación, propaganda encubierta y promesas que se evaporan después del escrutinio.
La medida solo tendrá legitimidad si se aplica con igualdad, transparencia y prevención. Controlar al comerciante accesible mientras otros canales continúan operando convertiría una prohibición nacional en una sanción selectiva.
Reflexión final
Una democracia responsable no se construye solamente cerrando botellas, sino abriendo los ojos. El 4 de octubre, el Perú necesitará ciudadanos sobrios, autoridades vigilantes y electores capaces de distinguir entre una propuesta seria y una promesa que únicamente embriaga durante la campaña. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).