Dos funcionarias de la Municipalidad Metropolitana de Lima que aspiran a convertirse en alcaldesas afrontan graves cuestionamientos por su actuación frente a dos denuncias de violencia sexual contra menores de edad. Isabel Ayala Melgarejo, candidata de Renovación Popular en el Rímac, y Rosa Torrejón Aragón, postulante del mismo partido en Lurín, dirigían las áreas municipales responsables del albergue La Casa de los Petisos cuando se habrían producido obstáculos a la investigación fiscal.
Debe precisarse que ninguna está acusada de cometer las agresiones sexuales. El cuestionamiento se refiere a las presuntas omisiones y trabas administrativas que habrían dificultado esclarecer los hechos y proteger a las víctimas. Esa diferencia jurídica es fundamental, pero no reduce la responsabilidad política que corresponde examinar.
Según documentos fiscales difundidos por La República, los casos involucran a menores de 12 y 14 años internados en el albergue municipal. La Fiscalía Provincial de Familia de Lima habría remitido varias citaciones para determinar por qué los hechos no fueron reportados oportunamente y por qué una víctima no fue conducida a la Cámara Gesell.
Las convocatorias fueron incumplidas repetidamente. Además, representantes del Ministerio Público habrían sido impedidos de ingresar al establecimiento el 14 de julio. El argumento ofrecido fue que el administrador había sido removido y no se conocía a su reemplazante.
Resulta inadmisible que un albergue destinado a proteger menores se quede sin responsable identificable precisamente cuando una fiscal intenta investigar presuntas violaciones sexuales. La rotación de funcionarios no puede emplearse como muralla administrativa ni borrar las obligaciones institucionales.
La Casa de los Petisos depende de la subgerencia dirigida por Rosa Torrejón, subordinada a la gerencia encabezada por Isabel Ayala. Por ello, ambas deben responder públicamente qué conocieron, cuándo fueron informadas, qué medidas ordenaron y por qué las diligencias fiscales no se cumplieron.
Las candidatas alegan, mediante sus voceros, que son ajenas a los hechos. Pero en la administración pública no basta con declararse distante de aquello que ocurre dentro de las dependencias bajo el propio mando. Dirigir implica supervisar, prevenir y rendir cuentas, especialmente cuando están comprometidas la integridad y la seguridad de menores vulnerables.
Tampoco resulta éticamente aceptable que Renovación Popular continúe promoviendo estas candidaturas como si solo existiera una incomodidad periodística. El partido y su líder, Rafael López Aliaga, deben exigir colaboración absoluta con la Fiscalía y explicaciones documentadas. Proclamar orden y defensa de la familia mientras se guarda silencio frente a obstáculos en una investigación de violencia sexual constituye una contradicción que la ciudadanía tiene derecho a cuestionar.
El Ministerio Público debe actuar sin interferencias y establecer responsabilidades respetando el debido proceso. La Municipalidad de Lima debe entregar expedientes, comunicaciones, registros y protocolos. Asimismo, corresponde evaluar medidas preventivas para impedir cualquier influencia sobre testigos, documentos o diligencias pendientes.
Reflexión final
El Rímac y Lurín no solo elegirán autoridades: decidirán a quién confiarán la protección de sus vecinos. Una candidatura no borra una responsabilidad funcional ni convierte las preguntas en persecución. Cuando existen denuncias de violencia sexual contra menores, las campañas deben hacerse a un lado, abrirse todas las puertas y hablar primero la justicia. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).