En el Perú, investigar al poder puede terminar en una querella, una amenaza enviada por WhatsApp o una ráfaga contra una redacción. El Consejo de la Prensa Peruana reportó cinco casos de agresiones contra periodistas y medios durante septiembre. El inventario incluye un asesinato, amenazas armadas, un atentado, una investigación fiscal cuestionada y procesos judiciales contra reporteros.
La libertad de expresión sigue reconocida en la Constitución. El problema es que algunos parecen leerla como una sugerencia opcional.
El caso más grave es el asesinato de Susy Aponte Polo, conocida como “La China Polo”, ocurrido el 19 de septiembre en Caraz. Además de candidata al Gobierno Regional de Áncash, conducía un espacio audiovisual de denuncias. Corresponde a la Policía y al Ministerio Público determinar si el crimen estuvo relacionado con su labor informativa. Esa precisión jurídica es necesaria; la celeridad investigativa, mucho más.
En Lambayeque, desconocidos dispararon contra la sede de La Noticia Clave minutos después de una transmisión dirigida por Johnny Namuche. En Ica, Kenny Yucra, fundador de La Lupa, recibió videos de armas, la dirección de su vivienda y referencias a su hijo. No fue una crítica periodística ni una solicitud de rectificación: fue intimidación dirigida también contra su familia.
A la violencia criminal se suma una modalidad con apariencia más respetable: utilizar expedientes judiciales para desgastar periodistas. El CPP alertó sobre la investigación contra Paolo Benza, director de La Contra, sustentada parcialmente en supuestas conversaciones que él denuncia como falsas. Por segundo mes consecutivo, además, se reporta material creado con inteligencia artificial para perjudicar la reputación de un comunicador. La tecnología destinada a ampliar el conocimiento también puede convertirse en una fábrica industrial de calumnias.
Cinco periodistas de Iquitos fueron querellados por reproducir una alerta de la SBS. El CPP recordó que la difusión exacta y neutral de información oficial de interés público puede estar amparada por el reporte fiel. Convertir cada publicación incómoda en una batalla judicial no protege el honor: puede generar censura por agotamiento económico.
El Estado debe investigar los ataques, brindar garantías a periodistas amenazados y evitar que fiscales o jueces sean convertidos en instrumentos de presión. Proteger a la prensa no significa otorgarle impunidad, sino asegurar que responda mediante reglas democráticas, no frente a armas o procesos intimidatorios.
Reflexión final
Una sociedad sin periodistas libres no queda mejor informada, sino mejor controlada. Cuando las balas silencian redacciones y los expedientes castigan preguntas, el poder celebra en voz baja. Defender la libertad de prensa no es proteger un oficio: es impedir que la ciudadanía sea condenada a mirar el país con los ojos de quienes prefieren mantenerlo en la oscuridad. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).