El Informe Latinobarómetro 2026, difundido en Perú el 2 de octubre de 2026, señala que el 90 % de los peruanos considera que el Congreso no lo representa políticamente. Apenas el 9 % responde que sí se siente representado. No se trata, estrictamente, de una encuesta de aprobación parlamentaria, sino de algo posiblemente más grave: la percepción de que el Poder Legislativo ya no habla, decide ni actúa en nombre de la ciudadanía.
Perú ocupa el peor lugar de América Latina en este indicador. Lo siguen Ecuador, con 88 %; Guatemala, con 83 %; Colombia, con 82 %; Panamá, con 81 %; y Chile y Paraguay, ambos con 80 %. El promedio regional de falta de representación llegó al 76 % en 2026, frente al 70 % registrado en 2015. Perú supera ese promedio por catorce puntos.
El diagnóstico no termina en el Congreso. El 89 % de los peruanos desconfía de la manera en que el Estado administra los recursos públicos; el país comparte con Venezuela la peor percepción regional de eficiencia estatal, con apenas 3,6 puntos sobre 10. Además, el 73 % considera que el Estado hace poco o nada por su familia.
Estos porcentajes no describen una ciudadanía caprichosa. Retratan un sistema que pide votos, pero devuelve abandono; recauda impuestos, pero administra desconfianza; promete representación, pero practica el reparto.
El Congreso parece escuchar con extraordinaria claridad cuando se discuten cargos, privilegios, blindajes o cuotas de poder. La audición institucional, en cambio, se debilita cuando el país reclama seguridad, agua potable, hospitales, escuelas y empleos dignos. Para esas demandas siempre aparecen comisiones, plazos y excusas. Para proteger intereses políticos, la eficiencia suele recuperar milagrosamente la salud.
La fragmentación partidaria también explica el desastre. Según Latinobarómetro, las agrupaciones recordadas por los ciudadanos peruanos pasaron de 19 en 2020 a ocho en 2023, subieron a 21 en 2024 y quedaron en 13 durante 2026. No existe un sistema partidario estable, sino organizaciones que cambian de nombre, propietarios y discurso con cada elección.
Negociar en democracia es legítimo. Lo indecente políticamente es llamar “consenso” al intercambio de cargos y “gobernabilidad” al silencio comprado. Cuando representantes elegidos con discursos opuestos terminan aliados únicamente para controlar instituciones, el ciudadano descubre que su voto sirvió para elegir una etiqueta, no una conducta.
El Congreso no recuperará credibilidad mediante publicidad ni ceremonias. Necesita transparencia, rendición de cuentas, explicación pública de cada voto y resultados que mejoren la vida cotidiana. Una ley inútil no se convierte en servicio público porque figure en una estadística parlamentaria.
Reflexión final
El 90 % no es solo rechazo: es una advertencia. Un Congreso puede conservar su legalidad mientras pierde su legitimidad social. Si nueve de cada diez peruanos no se sienten representados, el problema ya no está únicamente fuera del Palacio Legislativo; está sentado en sus curules. La democracia empieza con el voto ciudadano, pero comienza a morir cuando el elegido confunde la representación con un cheque en blanco. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).