La sífilis avanza entre los jóvenes mientras la prevención sanitaria continúa atrapada entre campañas esporádicas, prejuicios sociales y una burocracia que suele reaccionar cuando el problema ya ocupa titulares. La enfermedad es conocida y curable. Existen pruebas para detectarla, medicamentos para tratarla y mecanismos para prevenirla. Lo que falta es una política pública capaz de convertir ese conocimiento en protección efectiva. La bacteria hace su trabajo; el Estado, evidentemente, todavía no cumple plenamente el suyo.
Las cifras deben interpretarse con rigor. Los registros del CDC-Minsa corresponden al ámbito nacional: los casos de sífilis pasaron de 4.598 en 2022 a 6.719 en 2023, un incremento cercano al 46%. En 2025 se notificaron 4.580 casos hasta la semana epidemiológica 39, es decir, hasta septiembre. Por tratarse de un corte parcial, no corresponde compararlo directamente con años completos ni presentarlo como una cifra exclusiva de Lima.
La capital, sin embargo, no puede declararse ajena. Las DIRIS de Lima Metropolitana concentraron el 26% de las notificaciones nacionales. En Lima Centro, la mayor presencia se registra entre jóvenes de 18 y 19 años. Del total nacional reportado hasta la semana 39 de 2025, el 71% —3.241 diagnósticos— correspondió a hombres; dentro de ese grupo, el 56% tenía entre 20 y 34 años. Entre las mujeres diagnosticadas, aproximadamente el 80% estaba en edad fértil.
Estos datos no justifican señalar, avergonzar ni perseguir a quienes reciben un diagnóstico. Exigen cuestionar una prevención que llega tarde y un sistema que todavía pierde pacientes en el camino. La propia DIRIS reconoce que, de cada cien adolescentes que ingresan al paquete de cuidado integral, solo entre sesenta y setenta completan el circuito. ¿Qué ocurre con los demás? Esa ausencia debería incomodar más que cualquier discurso moralista.
Mientras ciertos sectores siguen tratando la educación sexual como una amenaza, una infección prevenible encuentra aliados involuntarios en el silencio familiar, la información falsa y el temor a solicitar atención. Negar educación no protege la inocencia: expone la salud.
El Estado debe ampliar las pruebas gratuitas, garantizar confidencialidad, asegurar el abastecimiento de penicilina, fortalecer el seguimiento de pacientes y parejas y llevar educación sexual integral a colegios, universidades y comunidades. También debe publicar datos completos, comparables y territorialmente diferenciados. Una política seria no se limita a contabilizar contagios: debe impedirlos.
Reflexión final
La sífilis no avanza porque se hable demasiado de sexualidad, sino porque todavía se habla tarde, poco y bajo prejuicios. Cuando existen ciencia, diagnóstico y tratamiento, pero la prevención fracasa, la responsabilidad deja de ser únicamente personal. Se convierte en una deuda pública con la salud, la información y la dignidad. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).