La informalidad laboral roza el 90% en Cajamarca, Puno, Apurímac y Amazonas. En estas regiones, nueve de cada diez trabajadores desarrollan sus actividades sin gratificaciones, vacaciones, compensación por tiempo de servicios ni protección social. La cifra revela una brecha profunda, pero también plantea una oportunidad para que las próximas autoridades regionales impulsen economías más productivas, competitivas e inclusivas.
El problema forma parte de una realidad nacional: siete de cada diez trabajadores peruanos son informales, lo que representa aproximadamente 12 millones de personas. Sin embargo, su concentración en estas cuatro regiones demuestra que el crecimiento económico y las oportunidades laborales continúan distribuyéndose de manera desigual.
La informalidad no puede explicarse solamente por el incumplimiento de las normas. En gran medida, responde a actividades de baja productividad que generan ingresos insuficientes para asumir los costos de operar formalmente. Según el Instituto Peruano de Economía, un trabajador formal produce, en promedio, seis veces más que uno informal.
Cajamarca constituye un ejemplo representativo. Más de la mitad de su población ocupada trabaja en la agricultura tradicional y de subsistencia. Los pequeños productores deben afrontar elevados precios de fertilizantes, combustible y otros insumos, además de limitaciones en infraestructura vial, riego, servicios básicos y acceso a mercados. En estas condiciones, formalizarse puede parecer una obligación distante antes que una posibilidad de crecimiento.
Puno, Apurímac y Amazonas enfrentan desafíos similares. Por ello, los próximos gobernadores deberán evitar que la formalización quede reducida a campañas administrativas o fiscalizaciones. El reto consiste en crear condiciones para que los negocios aumenten su productividad, mejoren sus ingresos y puedan incorporar trabajadores con derechos.
Las autoridades regionales y municipales administran una proporción significativa del presupuesto disponible en sus territorios. Invertir eficientemente en carreteras, conectividad digital, electricidad, agua, saneamiento y proyectos de riego puede reducir costos y acercar a los productores a nuevos mercados.
También será necesario acelerar la titulación de tierras, promover asistencia técnica, facilitar el acceso al crédito y desarrollar cadenas de valor que transformen la producción agrícola. La agroindustria, el turismo, la minería responsable y los servicios asociados pueden convertirse en motores de empleo formal si existe planificación y cooperación con el sector privado.
Reducir una informalidad cercana al 90% exige políticas adaptadas a la realidad de cada región. La formalidad será sostenible cuando venga acompañada de productividad, rentabilidad, infraestructura y oportunidades empresariales.
Reflexión final
El gran desafío no es únicamente registrar trabajadores y negocios, sino construir economías regionales capaces de protegerlos. El desempeño de las próximas autoridades deberá medirse también por cuántas familias logran pasar de la subsistencia a un empleo digno y con futuro. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).