Después de más de doce horas de debate, dos propuestas rechazadas y una reconsideración, la Cámara de Diputados aprobó delegar facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori durante 90 días. La autorización se limita a seguridad ciudadana y medidas frente al fenómeno El Niño, dos emergencias que exigen decisiones inmediatas. Sin embargo, el procedimiento deja una inquietud imposible de ocultar: el oficialismo intentó ampliar reiteradamente una autorización excepcional con materias ajenas a esas urgencias.
El país necesita instrumentos contra el crimen y prevención ante los desastres. Lo que no necesita es que su miedo sea utilizado como envoltura para introducir reformas económicas sin suficiente deliberación.
El texto aprobado obtuvo 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones. Contiene 20 medidas relacionadas con controles migratorios, bloqueo de comunicaciones ilícitas, fiscalización de armas, sistema penitenciario, extorsión, sicariato y atención de poblaciones afectadas por lluvias e inundaciones. Todavía deberá ser debatido y eventualmente ratificado por el Senado.
Pero ese desenlace fue precedido por una ofensiva legislativa mucho más ambiciosa. El pedido original del Ejecutivo comprendía 66 solicitudes y pretendía legislar también sobre empleo, tributación, simplificación administrativa, minería, recursos hídricos, ambiente, vivienda y reforma del Estado. Incluso contemplaba eliminar los topes a las tasas de interés.
Tras fracasar el dictamen inicial, el fujimorismo impulsó un texto alternativo que incorporaba pequeñas y medianas empresas, empleo, desarrollo productivo y régimen tributario. Después presentó otra fórmula que pretendía sumar nueve puntos a las veinte medidas originales. También fue rechazada.
La insistencia resulta reveladora. Si las facultades fueron solicitadas para combatir la delincuencia y afrontar El Niño, ¿por qué intentar incluir tasas bancarias, asuntos tributarios, minería o reformas laborales? ¿Desde cuándo perseguir sicarios exige modificar las reglas del crédito? ¿Qué relación existe entre prevenir inundaciones y conceder al Ejecutivo capacidad para intervenir en asuntos económicos que merecen leyes específicas?
La delegación de facultades no puede convertirse en una maleta de doble fondo: arriba se colocan la seguridad y las emergencias; debajo, reformas que determinados sectores económicos desean aprobar con menor escrutinio.
Que el texto finalmente aprobado haya sido recortado representa un límite saludable, pero no borra el intento. Al contrario, demuestra por qué el control parlamentario resulta indispensable. La urgencia no suprime la transparencia ni autoriza al Gobierno a mezclar necesidades ciudadanas con intereses empresariales.
También fue impropia la advertencia de Keiko Fujimori de que la Cámara estaba “poniendo a prueba su paciencia”. En democracia, el Legislativo no existe para satisfacer la paciencia presidencial. Está obligado a debatir, corregir y rechazar aquello que exceda la autorización solicitada. Gobernar no significa recibir un cheque en blanco ni presentar la fiscalización como un obstáculo.
El Senado debe revisar cada medida sin sometimiento ni cálculo partidario. Toda disposición que no mantenga una relación directa, específica y verificable con la seguridad o El Niño debe quedar fuera. Además, los decretos legislativos posteriores deberán publicarse con sustento técnico, impacto presupuestario y mecanismos de control.
Reflexión final
La criminalidad y los desastres naturales exigen rapidez, pero también límites. Cuando el poder aprovecha una emergencia para intentar introducir reformas ajenas, la excepción corre el riesgo de convertirse en contrabando legislativo. La urgencia del ciudadano no puede ser el atajo del Gobierno ni la oportunidad de quienes prefieren legislar lejos del debate público. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).