El Estado peruano acaba de recibir una calificación que resume décadas de promesas incumplidas: 3,6 sobre 10. Según el Latinobarómetro 2026, es la peor evaluación de eficiencia estatal en América Latina, compartida con Venezuela y muy por debajo del promedio regional de 4,7.
No estamos ante una mera cifra estadística. Es la libreta de notas de un Estado que sabe cobrar impuestos, imponer multas, exigir documentos y multiplicar trámites, pero demuestra una sorprendente torpeza cuando debe brindar seguridad, salud, educación y justicia. El ciudadano paga como si viviera en un país eficiente, pero recibe servicios propios de una administración permanentemente en emergencia.
El 53 % de los peruanos continúa prefiriendo la democracia, nueve puntos más que en 2024. Sin embargo, apenas el 9 % confía en el Gobierno y otro 9 % en el Congreso. El Poder Judicial tampoco puede celebrar: solo alcanza un 15 % de confianza.
La desconfianza llega directamente al bolsillo. El 89 % considera que el Estado utiliza mal los impuestos, el porcentaje más alto de la región. Casi nueve de cada diez ciudadanos sospechan que su dinero termina atrapado entre burocracia, obras paralizadas, contrataciones cuestionadas, gastos sin resultados y autoridades con escasa vocación de rendir cuentas. El diagnóstico es demoledor: la ciudadanía todavía cree en la democracia, pero ya no confía en sus administradores.
Un 3,6 no es una desaprobación moderada. Es un aplazamiento institucional. Es la respuesta de un país que contempla cómo se inauguran anuncios en lugar de obras y se presentan planes que desaparecen antes de producir resultados. Aquí se confunde gobernar con declarar emergencias, reformar con cambiar funcionarios y trabajar con convocar conferencias de prensa.
El Gobierno no puede seguir culpando al pasado mientras reproduce sus mismas prácticas. Quien recibe un país desordenado no fue elegido para describir el desorden, sino para corregirlo. Tampoco el Congreso puede presentarse como espectador: aprueba presupuestos, modifica leyes y fiscaliza selectivamente, mientras su confianza pública permanece reducida a un dígito.
El problema no consiste en la ausencia de recursos. El Perú tiene ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, organismos reguladores, programas y oficinas suficientes para llenar directorios enteros. Lo que falta es capacidad para convertir esa maquinaria en soluciones. El Estado tiene ventanillas para pedir requisitos, pero rara vez encuentra una para asumir responsabilidades.
La consecuencia resulta peligrosa. El 49 % aceptaría un gobierno no democrático si resolviera los problemas y el 72 % considera conveniente cierta “mano dura”. La ineficiencia no solo perjudica los servicios públicos: prepara el terreno para el autoritarismo. Cuando la democracia ofrece abandono, aparece quien promete eficacia sin controles, orden sin derechos y autoridad sin rendición de cuentas.
El Gobierno debe abandonar la autocomplacencia y someter su gestión a resultados verificables. Cada ministro, gobernador, alcalde y alto funcionario tendría que explicar cuánto recibió, qué ejecutó, qué problema solucionó y por qué fracasó cuando no cumplió.
La modernización del Estado no puede consistir en crear más oficinas para estudiar la ineficiencia de las oficinas existentes. Debe significar meritocracia, transparencia, descentralización, sanciones efectivas y servicios que funcionen.
Reflexión final
El Estado peruano obtiene 3,6 porque exige mucho y devuelve poco. Cobra con eficiencia, fiscaliza con severidad y sanciona con rapidez; pero protege tarde, cura mal y administra peor. Esa nota no reprueba al ciudadano. Reprueba a quienes gobiernan una maquinaria costosa que, frente a las necesidades del país, sigue funcionando a media luz y cobrando tarifa completa. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).