Incendios forestales en Huanta, Cusco, Junín y Pasco: ¿y el Estado?

Huanta, Cusco, Junín y Pasco enfrentan incendios forestales. Las llamas consumen vegetación, amenazan comunidades y dejan una pregunta que ninguna conferencia de prensa debería esquivar: ¿y el Estado? ¿Dónde está la capacidad de prevención y respuesta que los ciudadanos tienen derecho a exigir? La interrogante no desconoce a los bomberos ni a quienes trabajan en el terreno. Cuestiona si las autoridades les proporcionan los medios necesarios o esperan que el sacrificio de unos cuantos cubra las carencias institucionales.

Cuando una comunidad debe organizarse para defender sus viviendas y sus medios de vida, la solidaridad merece reconocimiento. Pero también corresponde examinar qué está fallando. La ciudadanía no paga impuestos para recibir únicamente recomendaciones mientras intenta protegerse del fuego. Espera instituciones capaces de anticiparse, intervenir y responder por sus decisiones.

En Huanta, el incendio de Razuhuillca ha movilizado a la población organizada y a bomberos de las compañías La Esmeralda, Ayacucho y San Juan. Su intervención merece respaldo efectivo. Sin embargo, sería inadmisible que las autoridades convirtieran ese esfuerzo en una prueba automática de que todo está siendo atendido. La presencia de personal acredita trabajo; la suficiencia de la respuesta exige demostrar recursos, coordinación y resultados.

Los huantinos necesitan apoyo, no una ceremonia de agradecimiento anticipado. Felicitar a los vecinos mientras se deja sobre sus hombros una carga desproporcionada sería una manera cómoda de administrar la emergencia. El heroísmo ciudadano no figura como reemplazo del presupuesto público. Tampoco debería funcionar como excusa para explicar después por qué faltaron equipos, protección o asistencia.

En Pomacanchi, Cusco, la tragedia tiene nombres: Rosmeri, de once años, y Clinton, su hermano de dieciocho. Ambos fallecieron tras sufrir graves quemaduras. Él intentó salvarla. Esas muertes obligan a revisar la prevención, el auxilio y las posibilidades de atención especializada. No corresponde atribuir responsabilidades individuales sin investigación; tampoco aceptar que el duelo cierre las preguntas que las instituciones deben responder.

Una niña de once años no puede terminar convertida en una cifra que se menciona durante unos días y luego desaparece. Su vida merece más que una expresión protocolar de pesar. La obligación pública consiste en esclarecer lo ocurrido y corregir las deficiencias que se identifiquen. Las condolencias son necesarias; por sí solas no protegen a la siguiente familia.

El riesgo estaba advertido. El Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025–2027 fue aprobado en enero de 2025 y actualizado para 2026. Existía, por tanto, un instrumento para articular intervenciones. La discusión debe concentrarse en su ejecución: qué se hizo, dónde, con cuánto dinero y con qué resultados. Un documento aprobado no extingue una llama. Su utilidad depende de las capacidades que consigue poner en funcionamiento.

Ante las emergencias en Huanta, Cusco, Junín y Pasco, el Gobierno nacional debe explicar qué apoyo movilizó y qué solicitudes siguen pendientes. Los gobiernos regionales y las municipalidades deben rendir cuentas con el mismo rigor. La descentralización no puede degenerar en una distribución de excusas donde cada despacho encuentra una competencia ajena y nadie explica la propia.

¿Cuántas brigadas estaban preparadas? ¿Qué equipos tenían? ¿Cuánto demoró la atención de los pedidos? ¿Qué comunidades necesitan refuerzos? Esas respuestas permiten evaluar una gestión. La fotografía de una autoridad observando el desastre aporta bastante menos. Visitar una zona afectada puede ser necesario; convertir la visita en el principal resultado sería confundir supervisión con publicidad.

La geografía accidentada y los vientos dificultan las operaciones. Precisamente por eso se necesita preparación. Los obstáculos conocidos deben orientar la planificación, no aparecer únicamente como explicación cuando la capacidad disponible resulta insuficiente.

La prioridad es proteger vidas, reforzar a quienes combaten el fuego y atender a las comunidades afectadas. El Ejecutivo debe conducir la coordinación; las autoridades regionales y locales, cumplir sus responsabilidades y transparentar sus actuaciones. Después corresponde investigar las posibles omisiones con evidencia y establecer las responsabilidades que procedan.

Reconocer el esfuerzo operativo y fiscalizar a quienes toman decisiones son tareas compatibles. El respeto a los bomberos exige preguntar si reciben lo necesario. El respeto a la población exige impedir que su valentía se convierta en una obligación permanente.

Reflexión final
¿Y el Estado? La respuesta debe encontrarse en equipos disponibles, ayuda oportuna y comunidades protegidas. Mientras los ciudadanos enfrentan las llamas, ninguna autoridad debería dar por cumplida su tarea con un comunicado. El fuego no lee anuncios. Y las familias que lo han perdido todo merecen algo más que explicaciones entre las cenizas. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).