Vladimiro Montesinos vuelve a buscar una salida de la cárcel. Su defensa pretende que la condena de 19 años y ocho meses por Pativilca quede absorbida por una pena mayor de 25 años que sostiene cumplida. Según Expreso, la solicitud recibió respaldo fiscal y de la Procuraduría del Ministerio de Defensa. La Sala debe decidir. Entretanto, parece prepararse otro juicio: el de los magistrados que podrían negarse a abrirle la puerta.
Conviene recordar qué contiene el expediente. Pativilca significa seis campesinos asesinados y cuerpos ocultados. Significa familias obligadas a convivir con una ausencia irreversible. Reducir el debate a una resta de años puede resultar práctico para la defensa; para la sociedad, exige recordar que las cifras representan responsabilidades por crímenes concretos.
Montesinos, figura central del régimen autoritario de Alberto Fujimori, tiene derecho a solicitar lo que considere legalmente procedente. Nadie debe negárselo. Sin embargo, ese derecho no incluye obtener una resolución a medida. El respaldo del fiscal tampoco sustituye el razonamiento judicial. Qué contratiempo: la justicia todavía necesita fundamentos, incluso cuando alguien ya tiene preparada la expectativa de libertad.
Hay un antecedente decisivo. En febrero de 2026, la Corte Suprema anuló la decisión que daba por compurgada esta pena y fijó su vencimiento para septiembre de 2037. El nuevo pedido requiere explicar su compatibilidad con ese pronunciamiento. Una resolución judicial no puede convertirse en papel decorativo porque apareció una estrategia distinta.
Más preocupante es presentar a los jueces como obstáculos por sus fallos anteriores. Esa lógica desliza una exigencia impropia: sean independientes, siempre que resuelvan favorablemente. Cuestionar decisiones es legítimo; descalificar anticipadamente al tribunal porque podría rechazar una solicitud introduce presión donde deberían discutirse argumentos.
También merece atención el intento de restringir la intervención de la representación de las víctimas. Su alcance debe resolverse conforme a las reglas procesales. Pero quienes reclaman justicia no son una molestia administrativa. Bastante tuvieron que esperar para que ahora su voz parezca un inconveniente en el camino hacia la puerta de salida.
La Tercera Sala debe resolver con rigor y explicar públicamente sus razones. Una decisión favorable sobre Pativilca tampoco garantizaría la excarcelación si existen otras condenas pendientes. Entre una solicitud y la libertad hay obligaciones judiciales que ningún titular puede saltarse.
Reflexión final
Los derechos del condenado deben respetarse. La memoria de las víctimas y el cumplimiento de las sentencias, también. La justicia pierde autoridad cuando parece más apurada en encontrar una salida para el responsable que en explicar a las familias por qué esa salida corresponde. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).