Llegar tarde al diagnóstico del cáncer puede costar la vida. Esa realidad debería pesar más que cualquier discurso ministerial. En el Perú, la detección tardía sigue siendo uno de los principales desafíos oncológicos. No hablamos de un trámite pendiente: hablamos de oportunidades de tratamiento que pueden reducirse mientras la enfermedad avanza. Frente a ello, expresar preocupación sin garantizar respuestas resulta insuficiente. La urgencia necesita atención, no solemnidad.
La oncóloga María Cristina Carrillo, de la Sociedad Peruana de Oncología Médica, advirtió sobre este problema. Según las cifras de 2024 que citó en RPP, el país registró 77 000 nuevos casos de cáncer y cerca de 37 000 fallecimientos asociados. No todas esas muertes pueden atribuirse al diagnóstico tardío. Pero la magnitud obliga a exigir prevención, detección oportuna y tratamiento especializado como prioridades verificables.
Resulta cómodo recordar que la población no acostumbra realizarse controles preventivos. Mucho más incómodo es preguntar qué condiciones ofrece el Estado para acceder a ellos. ¿Quién garantiza una evaluación oportuna? ¿Cuánto demora confirmar una sospecha? ¿Qué ocurre después de un resultado preocupante? Responsabilizar al ciudadano sin responder estas preguntas convierte una obligación pública en un reproche individual.
La prevención tampoco termina al realizar una campaña. Detectar una alteración y dejar al paciente sin seguimiento sería apenas trasladar la incertidumbre de una ventanilla a otra. Una gestión responsable debe acompañar todo el recorrido: evaluación, confirmación diagnóstica y acceso al tratamiento. Contar atenciones no basta si nadie responde por su continuidad.
Existen avances que merecen reconocimiento. El Minsa informó que, hasta septiembre de 2025, la vacunación contra el VPH había superado la meta anual programada. Ese resultado debe sostenerse. Sin embargo, ningún logro puntual autoriza a bajar la vigilancia sobre las demás necesidades oncológicas. La salud pública no se evalúa escogiendo únicamente las cifras que lucen bien en una presentación.
El Ministerio de Salud y los gobiernos regionales deben publicar tiempos de espera, identificar obstáculos y rendir cuentas sobre los recursos destinados a resolverlos. La respuesta necesita responsables y plazos. Cuando se acrediten incumplimientos, deben determinarse las responsabilidades correspondientes. El diagnóstico oportuno no puede quedar reducido a una recomendación repetida mientras su acceso continúa siendo una pregunta sin respuesta.
Reflexión final
Una demora administrativa puede corregirse; una oportunidad terapéutica perdida puede ser irreversible. Esa diferencia debería incomodar al poder todos los días. Porque frente al cáncer, llegar tarde puede tener consecuencias mortales. Y ningún balance de gestión debería considerarse satisfactorio sin explicar qué se hizo para evitarlo. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).