Francis Allison respalda una segunda vuelta en Lima si ninguna lista alcanza el 30 % de los votos válidos. Avanza País presentó el pedido al JNE mientras disputa ajustadamente el primer lugar con Renovación Popular. La iniciativa merece una pregunta incómoda: ¿por qué esta interpretación adquiere protagonismo después de votar? La legitimidad democrática exige reglas conocidas antes de competir, no mecanismos que aparezcan cuando el escrutinio resulta estrecho.
El argumento partidario sostiene que el alcalde metropolitano ejerce funciones regionales y, por ello, debería aplicarse el umbral previsto para elegir gobernadores. La singularidad de Lima merece discusión. Pero ejercer competencias regionales no demuestra automáticamente que corresponda trasladar a su elección municipal todas las reglas de otro régimen electoral. Esa conclusión necesita fundamento jurídico, no solamente una semejanza institucional conveniente.
Allison afirmó que su partido presentó la solicitud sin consultárselo, aunque luego la consideró válida. La distancia inicial dura poco si termina acompañada de respaldo. Quien avala una propuesta debe asumir su defensa política completa: explicar su sustento, sus consecuencias y por qué debería aplicarse a una elección ya celebrada. El «no me consultaron» no sirve como asiento reservado entre la adhesión y el deslinde.
Avanza País también solicita detener la proclamación hasta que el Pleno resuelva. Tiene derecho a formular pedidos; el JNE tiene la obligación de responder con argumentos claros. Pero una solicitud partidaria no puede convertirse, por su sola presentación, en un poder para mantener indefinidamente abierto el resultado. La justicia electoral debe proteger derechos sin transformar cada controversia en una prórroga de campaña.
Una segunda vuelta para Lima puede debatirse como reforma. Incluso cabe discutir si fortalecería el respaldo del alcalde. Lo cuestionable es pretender que una discusión pendiente opere como solución inmediata para quienes participan en el cómputo. Una buena idea institucional también puede presentarse en un momento políticamente interesado.
El JNE debe resolver conforme al marco aplicable y explicar si existe sustento para lo solicitado. Allison, por su parte, debe sostener su compromiso de reconocer el resultado definitivo. Fiscalizar actas es legítimo; reclamar otra fórmula para definir al ganador exige una justificación especialmente rigurosa.
Reflexión final
La democracia permite cuestionar resultados mediante procedimientos legales. También exige aceptar reglas que pueden conducir a perder. Lima merece una autoridad legítima y un debate serio sobre su sistema electoral. Las reformas deben mejorar la representación ciudadana; no parecer una segunda oportunidad solicitada desde la tabla de posiciones. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).