SÃ: Binacional tiene ordenada su incorporación a la Liga 1 de 2027. La FPF debe explicar cómo cumplirá el mandato, no tratarlo como una concesión dirigencial. En Portugal, Gil Vicente consiguió una restitución después de impugnar judicialmente su descenso. Ese antecedente recuerda que la autonomÃa del fútbol tiene lÃmites: ningún reglamento convierte una decisión federativa en inmune al control de los tribunales.
El conflicto portugués comenzó en 2006, alrededor de la inscripción del futbolista angoleño Mateus. Gil Vicente fue descendido administrativamente y acudió a tribunales estatales. La FIFA amenazó con suspender al fútbol portugués, pero aquella presión no cerró el recorrido judicial.
El 25 de mayo de 2016, el Tribunal Administrativo de CÃrculo de Lisboa declaró nula la sanción. Un acuerdo de diciembre de 2017 encaminó la reincorporación para 2019-2020. En marzo de 2019, la federación portuguesa exigió ejecutarla, independientemente de los obstáculos. La organización deportiva tuvo que dar efecto a la reparación judicial.
En sentido polÃtico, puede decirse que la justicia estatal y el derecho le doblaron el brazo a la presión de la FIFA. El precedente demuestra que el poder federativo no consiguió volver intocable la sanción.
Las resoluciones portuguesas no obligan automáticamente al Perú ni garantizan la reacción de la FIFA. Binacional tiene un fundamento propio: el Tribunal Constitucional declaró vulnerado el debido procedimiento y confirmó su incorporación en 2027. La FPF debe publicar plazos, responsables y medidas administrativas. Un mandato constitucional no está pendiente de benevolencia.
También corresponde revisar la calidad de sus decisiones. En marzo de 2021, el TAS acogió la apelación de Alianza Lima y ordenó descontar dos puntos a Carlos Stein. Son controversias distintas, pero ambas exigen explicar por qué actuaciones internas necesitaron corrección externa.
El retorno debe organizarse con transparencia y requisitos objetivos de licenciamiento, respetando el mandato. Binacional tiene obligaciones; la FPF también. Cumplir sin revisar procedimientos ni evaluar responsabilidades dejarÃa preparado el siguiente conflicto.
Reflexión final
Gil Vicente aporta una referencia; el TC establece la obligación peruana. La discusión debe conducir al cumplimiento y a la rendición de cuentas. Una federación que exige respeto a sus reglamentos debe demostrarlo frente al derecho. La autonomÃa protege la organización del fútbol; no concede inmunidad a quienes lo administran. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).