Para el alumno, una regla inmediata; para el Estado, un plazo que puede esperar. Esa contradicción acompaña la restricción de celulares durante las actividades educativas. Limitar distracciones es razonable. Lo cuestionable serÃa convertir una medida de orden en certificado de buena gestión. Guardar teléfonos puede ayudar a una clase; presentar esa imagen como respuesta suficiente a los problemas educativos serÃa eludir responsabilidades.
La Ley N.º 32385 otorgó sesenta dÃas para aprobar su reglamento. Publicada en junio de 2025, fue reglamentada recién en octubre de 2026. El retraso merece explicaciones. ¿Con qué coherencia se exige puntualidad a un adolescente mientras el Ejecutivo incumple su propio calendario? La pedagogÃa del ejemplo también deberÃa ser obligatoria en los ministerios.
La evidencia tampoco permite anunciar milagros. Un estudio de la Universidad de Birmingham, publicado en 2025, examinó a 1.227 adolescentes de treinta escuelas inglesas y no encontró mejores resultados académicos ni de bienestar asociados a polÃticas más restrictivas. Su diseño observacional impide establecer causalidad. Corresponde, por tanto, evaluar la medida y demostrar sus resultados antes de celebrar su eficacia.
El teléfono ofrece una ventaja polÃtica: es visible, se puede retirar y permite exhibir una intervención inmediata. Formar docentes, acompañar familias y mejorar aprendizajes exige un trabajo menos fotogénico. Ahà aparece el riesgo de confundir facilidad administrativa con profundidad educativa. Una caja llena de celulares no acredita una cabeza llena de conocimientos.
La disciplina, además, tiene lÃmites. El reglamento prohÃbe revisar contenidos privados y exige correcciones proporcionales y formativas. Retener un dispositivo no concede permiso para humillar. Los derechos del estudiante siguen vigentes dentro de la oficina del director. SerÃa inadmisible invocar la convivencia para justificar un abuso.
En secundaria, educar supone enseñar a verificar fuentes, reconocer manipulaciones y regular el consumo digital. Eso demanda preparación docente y alternativas para quienes carecen de equipos. Trasladar toda la responsabilidad a las familias tampoco resuelve el problema: exigir supervisión sin ofrecer orientación convierte la corresponsabilidad en una factura.
El Ministerio debe publicar resultados, identificar dificultades y sostener la implementación con recursos. Las UGEL deben supervisar también el respeto de derechos. Si el balance termina reducido a teléfonos retenidos y carteles instalados, habrá un registro de cumplimiento, pero seguirá pendiente demostrar cuánto aprendieron los estudiantes.
Reflexión final
El alumno tendrá que guardar el celular. El Estado tendrá que dejar de aplazar sus obligaciones. SerÃa inaceptable que la única parte de esta polÃtica que funcione puntualmente sea la sanción al estudiante. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).