¿Dónde está el Estado cuando una familia recibe la llamada de un secuestrador? Esa pregunta exige respuestas operativas, no declaraciones de consternación. Durante septiembre, el Perú registró una denuncia por secuestro cada 93 minutos, en promedio. Frente a semejante frecuencia, las autoridades deben demostrar qué están haciendo para proteger a la población. La firmeza proclamada desde un despacho sirve de poco cuando, al otro lado del teléfono, alguien pone precio a una vida.
Según La República, con datos del Sistema de Gestión Fiscal analizados por Juan Carbajal, el Ministerio Público recibió 463 denuncias por secuestro en septiembre, el registro mensual más alto de 2026. Entre enero y septiembre acumuló 3.910 reportes. El promedio mensual pasó de 142 en 2020 a 434 durante los primeros nueve meses de este año.
Son denuncias, no condenas ni necesariamente hechos de una misma modalidad criminal. Su aumento no permite explicar por sà solo todas las causas, pero obliga a investigar y evaluar la respuesta institucional. La precisión estadÃstica debe orientar la acción, jamás convertirse en refugio para minimizar el problema.
Preguntar por el Estado significa exigir responsabilidades concretas. Al Ejecutivo le corresponde explicar su estrategia y sus resultados. PolicÃa y FiscalÃa necesitan coordinación, recursos y capacidad para sostener investigaciones. El Congreso debe fiscalizar y evaluar las normas. Ninguna institución puede considerar cumplida su tarea únicamente porque trasladó el expediente o señaló las deficiencias de otra.
Los rescates merecen reconocimiento. Detrás de ellos existe trabajo policial que no debe desconocerse. Sin embargo, recuperar a una vÃctima no resuelve por completo la amenaza. Es necesario identificar participantes, seguir el dinero y reunir pruebas que permitan actuar contra quienes organizan, ejecutan y facilitan los secuestros.
La seguridad tampoco se construye acumulando anuncios de castigos. Ofrecer severidad resulta sencillo; esclarecer delitos exige investigación sostenida. Una polÃtica que no demuestra capacidad de ejecución corre el riesgo de producir titulares mientras las familias siguen calculando cómo reunir un rescate.
La desigualdad agrava esa angustia. Perder ingresos, interrumpir el trabajo o buscar ayuda puede comprometer la subsistencia familiar. La atención estatal debe responder al peligro, no a la notoriedad de la vÃctima. Nadie deberÃa necesitar repercusión mediática para conseguir una respuesta diligente.
La Caja Negra exige metas verificables, investigación especializada y acompañamiento a las vÃctimas. Las autoridades deben informar sobre el avance agregado de las denuncias y la eficacia de sus intervenciones, preservando la confidencialidad y la seguridad operativa.
Si faltan recursos, deben precisarse y asignarse. Si existen fallas de coordinación, deben corregirse. Si se acreditan incumplimientos, corresponde establecer responsabilidades. Rendir cuentas implica explicar también lo que no funciona y cómo será corregido.
Reflexión final
¿Y el Estado? Debe estar previniendo, investigando, rescatando y acompañando. Su presencia se demuestra en esas tareas, no en la insistencia con la que asegura tener el control.
Una denuncia cada 93 minutos exige abandonar la comodidad del anuncio. Porque mientras las autoridades discuten quién debe responder, una familia puede estar esperando algo que ninguna conferencia garantiza: el regreso con vida de uno de los suyos. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).