El narcotráfico no está esperando que Sudamérica termine de discutir cómo combatirlo. Conecta zonas productoras, fronteras, puertos y mercados internacionales mientras los gobiernos exhiben decomisos como certificados de victoria. Hay operativos necesarios y avances concretos, pero el negocio conserva capacidad de expansión. La pregunta incómoda sigue pendiente: ¿cuánto poder criminal desaparece después de cada conferencia de prensa?
El Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de Naciones Unidas registra máximos de producción potencial e incautaciones de cocaína. La producción se multiplicó por más de cuatro entre 2014 y 2025. Incautar más puede reflejar mejores controles; también puede ocurrir dentro de un mercado mucho mayor. Confundir actividad con eficacia permite celebrar mientras el problema cambia de tamaño.
El mapa comienza en Colombia, Perú y Bolivia, principales países productores de cocaína. Allí, las políticas deben enfrentar cultivos destinados al circuito ilícito, procesamiento, financiamiento y control territorial. La hoja de coca tiene usos tradicionales y legales: convertir indiscriminadamente al agricultor en enemigo facilita una estadística de intervención, pero empobrece el diagnóstico.
Perú ofrece un matiz indispensable. Devida reportó que la superficie cultivada con coca disminuyó un 5,8% en 2025, hasta 84.546 hectáreas. Negar ese avance sería tan poco riguroso como presentarlo como derrota definitiva del narcotráfico. Reducir superficie no demuestra automáticamente que disminuyeron proporcionalmente la producción de cocaína, las ganancias o la capacidad de las organizaciones. Son indicadores diferentes y deben evaluarse juntos.
Ecuador y Brasil muestran por qué el problema desborda las plantaciones. Naciones Unidas identifica a Ecuador en los flujos hacia Norteamérica y Europa, y a Brasil como un actor relevante en las salidas hacia Europa, África y Asia. La infraestructura comercial se convierte así en objetivo de infiltración criminal. Un contenedor no se protege únicamente con discursos de mano dura: necesita controles, inteligencia y personal íntegro.
Paraguay y el Cono Sur completan otro circuito. La hidrovía Paraguay-Paraná conecta territorios y puertos de Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay con el Atlántico. Investigaciones también documentan el uso de puertos argentinos, chilenos y uruguayos para despachar cocaína. Son vulnerabilidades distintas, no motivos para acusar indiscriminadamente a países o actividades comerciales legítimas.
La ineficacia aparece cuando los gobiernos persiguen cargamentos sin desarticular su respaldo económico. ¿Qué patrimonios se recuperaron? ¿Qué redes de lavado fueron condenadas? ¿Qué funcionarios facilitaron operaciones? El transportista detenido puede ser reemplazado; una estructura financiera intacta conserva recursos para contratar al siguiente.
También fracasa una política que interviene temporalmente y después abandona el territorio. Sin seguridad sostenida, justicia, servicios y alternativas económicas viables, se exige a las comunidades resistir solas un negocio internacional. Extraordinaria distribución de responsabilidades: el Estado anuncia la estrategia y el ciudadano soporta el riesgo.
Sudamérica necesita cooperación operativa, investigación financiera y controles independientes. Los gobiernos deben publicar resultados comparables y reconocer fallas. Europa y los demás mercados de destino también deben perseguir sus redes de distribución y lavado: la responsabilidad no termina donde sale el cargamento.
Reflexión final
El narcotráfico mide su éxito en ganancias y capacidad de operar. Los gobiernos deberían medir el suyo en cuanto consiguen reducirlas. Mientras evalúen su desempeño contando anuncios y paquetes decomisados, podrán ganar la fotografía y seguir perdiendo el control. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).