¿Las nuevas medidas de disciplina escolar tendrán un impacto positivo en los escolares? No basta con anunciarlas para que eso ocurra. Su valor dependerá de si reducen la violencia, protegen a los estudiantes y permiten enseñar mejor. Recuperar la autoridad docente es necesario; presentar el endurecimiento de las reglas como garantía de mejora sería vender una solución antes de demostrar sus resultados.
El debate recogido por RPP ofrece una coincidencia importante: hacen falta límites y formación. Ada Gallegos destacó la tutoría y la atención prioritaria a quienes sufren violencia. Mónica Fuentes defendió los lineamientos, junto con planes para enseñar autorregulación. La exigencia es concreta: ayudar al estudiante a comprender sus responsabilidades y modificar conductas. Un reglamento puede establecer consecuencias; por sí solo no enseña a convivir.
El impacto será positivo si los docentes reciben preparación, respaldo y tiempo para intervenir. Entregar nuevas obligaciones sin esos recursos sería la conocida costumbre de exigir resultados desde un escritorio y dejar los problemas dentro del aula. La autoridad no se recupera abandonando al maestro frente a conflictos que requieren apoyo institucional.
Las víctimas deben ocupar el centro de cualquier evaluación. ¿Reciben atención oportuna? ¿Se detienen las agresiones? ¿Pueden denunciar sin temor? Si las respuestas siguen siendo negativas, habrá cambiado el documento, pero no la experiencia del escolar. Ninguna estadística de sanciones compensa que un estudiante continúe asistiendo a clases con miedo.
León Trahtemberg cuestionó las prioridades del debate y defendió la expulsión como posibilidad extrema, después de cumplir los procedimientos. Esa discusión exige cuidado: retirar a un alumno puede ser una medida frente a un caso grave, pero no demuestra que se haya resuelto su conducta. Deben protegerse los demás estudiantes y contemplarse la continuidad educativa de quien recibe la sanción. Trasladar el conflicto no equivale a solucionarlo.
También debe evaluarse cualquier cambio en los mecanismos de denuncia. Si SíseVe presenta fallas, corresponde identificarlas y garantizar una respuesta mejor. Suprimir herramientas sin asegurar alternativas eficaces podría debilitar la protección. La simplificación administrativa pierde sentido cuando simplifica también la posibilidad de desentenderse.
Las medidas podrían mejorar la convivencia si combinan límites claros, participación de la comunidad educativa, tutoría y seguimiento. El Minedu debe establecer cómo comprobará esos avances. El éxito será que disminuyan las agresiones y mejore el aprendizaje, no que aumente la cantidad de estudiantes castigados.
Reflexión final
Los escolares necesitan una autoridad que proteja, oriente y actúe con justicia. Si las nuevas medidas consiguen eso, merecerán reconocimiento. Si solo producen obediencia aparente y anuncios de firmeza, serán otra oportunidad desperdiciada. La disciplina debe mejorar la vida en el aula, no únicamente la imagen de quien gobierna. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).