El Gobierno anuncia millones para enfrentar El Niño, pero apenas ejecuta una fracción. Al 10 de noviembre, había gastado S/425 millones de los S/2.512 millones transferidos mediante 18 decretos desde agosto: el 16,9%, según el Observatorio de Os, citado por La República. Para publicar normas hubo diligencia. Para convertirlas en protección, el entusiasmo parece bastante menor.
La situación resulta especialmente grave en la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas: apenas un 8,9% de ejecución financiera, aunque el 87% de los recursos correspondientes ya estaba certificado. Una certificación presupuestal no retira sedimentos ni protege viviendas. Pero luce estupendamente en una presentación oficial, donde las cifras permanecen secas aunque afuera todo pueda inundarse.
Este retraso merece algo más que explicaciones burocráticas. ¿Qué intervenciones están terminadas? ¿Cuáles siguen esperando contrataciones, maquinaria o decisiones? ¿Quién responde por cada demora? El Ejecutivo debe mostrar avance físico y financiero, con ubicación, plazos y responsables. La ciudadanía necesita saber qué protección recibe por esos millones, no cuántas veces fueron anunciados.
La herencia de obras pendientes existe, pero no puede convertirse en un refugio perpetuo. Nadie exige resolver décadas de vulnerabilidad en pocos meses. Se exige conducir la emergencia, destrabar intervenciones y rendir cuentas. Gobernar consiste precisamente en resolver dificultades; enumerarlas frente a un micrófono apenas acredita que fueron advertidas.
Además, estas transferencias quedaron íntegramente en manos del Gobierno nacional. Regiones y municipalidades no recibieron recursos de ese paquete específico. La responsabilidad resulta, por tanto, bastante identificable. Centralizar el dinero y repartir después las culpas sería una maniobra demasiado cómoda para quienes administran desde lejos el riesgo que otros enfrentan junto a sus casas.
Tampoco se trata de gastar atropelladamente para maquillar porcentajes. Una intervención inútil, defectuosa o tardía puede consumir presupuesto sin reducir el peligro. La exigencia es ejecutar bien y a tiempo. Los controles deben acompañar ese trabajo, y las autoridades deben responder cuando su demora carezca de justificación.
El Gobierno tiene que publicar un calendario verificable y corregir los retrasos ahora. La prevención pierde su propósito cuando llega detrás del agua. Después habrá visitas, botas, chalecos y declaraciones de solidaridad. Ninguno reemplaza lo que debió hacerse antes.
Reflexión final
El Niño es un fenómeno climático; la demora estatal tiene responsables. Si existen recursos, corresponde explicar por qué la protección sigue esperando. Las familias expuestas no necesitan otro anuncio millonario: necesitan que el Gobierno deje de administrar titulares y empiece a cumplir plazos. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).