Renovación Popular pide la destitución de Roberto Burneo y su inhabilitación por diez años. La denuncia constitucional contra el presidente del JNE llega después de que el tribunal electoral fijara un criterio que impide el retorno inmediato de exalcaldes al mismo cargo por la vía de una regiduría. La bancada tiene derecho a cuestionar esa decisión. Pero cuando los congresistas reclaman la salida de una autoridad que respaldó un fallo adverso a los intereses de su líder, la independencia electoral queda bajo una presión que merece atención pública.
Los diputados atribuyen a Burneo los presuntos delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad. Sostienen que el JNE modificó el mecanismo de sucesión previsto en la Ley Orgánica de Municipalidades y afectó la representación obtenida por Renovación Popular. Son acusaciones que deberán evaluarse conforme a las reglas del procedimiento, con pruebas y respeto al derecho de defensa. Una denuncia no acredita responsabilidad.
El desacuerdo jurídico es real. La bancada invoca la sucesión por el primer regidor hábil; el JNE sostiene que quien ejerció la alcaldía en el periodo inmediato anterior no está habilitado para volver al mismo cargo. Su resolución fue adoptada por el Pleno, por mayoría. Las razones de ambos lados pueden discutirse. Lo preocupante sería convertir una interpretación desfavorable en motivo suficiente para expulsar a quien participó en ella.
El JNE también debe rendir cuentas. ¿Por qué un criterio de tanta trascendencia se comunicó después de la elección? La ciudadanía merece una explicación clara sobre las diferencias entre postular como regidor y asumir la alcaldía. Una autoridad independiente no está por encima de la crítica ni queda eximida de fundamentar sus decisiones.
Pero la fiscalización parlamentaria exige prudencia, especialmente cuando la bancada denunciante pertenece al partido cuyo líder resulta directamente afectado. El Congreso debe evaluar la competencia del procedimiento, los hechos concretos y la eventual responsabilidad, sin convertirse en un instrumento para ajustar cuentas con el árbitro electoral. La fuerza de una denuncia está en sus pruebas, no en los diez años de sanción que se solicitan.
Burneo tiene derecho a defenderse y Renovación Popular a sostener sus argumentos. El Congreso debe actuar con imparcialidad y el JNE explicar su resolución sin ambigüedades. La autonomía electoral se protege con decisiones motivadas y controles que no castiguen la discrepancia.
Reflexión final
Una democracia necesita árbitros fiscalizables y libres de presiones indebidas. Si cada fallo incómodo abre una campaña para destituir a quien lo respaldó, la próxima autoridad electoral podría terminar preguntándose no qué exige la ley, sino qué decisión le permitirá conservar el cargo. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).
