El abastecimiento de combustibles en todo el Perú ha sido declarado en emergencia. La medida, vigente hasta por ocho meses, busca prevenir interrupciones asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027. El anuncio merece atención, pero exige algo más que titulares: capacidad operativa, supervisión y resultados. Una resolución puede activar mecanismos excepcionales; no garantiza, por sí sola, que la gasolina, el diésel y el GLP lleguen donde se necesitan.
Debe quedar claro: la declaratoria es preventiva y no significa que exista un desabastecimiento generalizado. Generar pánico sería irresponsable. Sin embargo, reconocer el carácter preventivo tampoco autoriza a restarle importancia. El Gobierno advierte riesgos capaces de comprometer instalaciones y rutas de distribución. La pregunta es concreta: ¿qué tan preparado está el país para mantener el suministro cuando las lluvias interrumpan sus conexiones?
La emergencia comprende desde el procesamiento y la refinación hasta el almacenamiento y la comercialización. Su alcance revela cuánto está en juego. Una interrupción podría afectar el transporte de pasajeros, el traslado de alimentos y las actividades productivas. Para una familia o un pequeño negocio, el combustible es un gasto indispensable, cuya alteración puede desordenar todo el presupuesto.
Por eso, el Ejecutivo debe informar sobre reservas, rutas alternativas, instalaciones vulnerables y protocolos para abastecer zonas aisladas. La población merece conocer qué se está haciendo, quién responde y en qué plazos. Gobernar consiste en preparar soluciones antes de que las dificultades se conviertan en explicaciones televisadas.
Osinergmin podrá evaluar disposiciones transitorias, incluidas excepciones a determinadas reglas de comercialización y seguridad. Esa facultad requiere especial vigilancia: cada modificación debe justificarse técnicamente y acompañarse de controles. Facilitar el abastecimiento no puede significar que trabajadores y comunidades asuman riesgos adicionales sin protección suficiente.
La emergencia tampoco suspende las obligaciones empresariales. Los operadores deben acreditar sus planes de contingencia y responder por su cumplimiento. El Estado debe supervisarlos y hacer públicos los avances relevantes. Las responsabilidades no pueden evaporarse entre una entidad que autoriza, otra que fiscaliza y una empresa que promete.
La prevención merece respaldo; la complacencia, ninguno. Ocho meses deben traducirse en acciones verificables. Declarar la emergencia es apenas el comienzo del trabajo. Presentarla como una solución consumada sería confundir el instrumento administrativo con la protección efectiva de los ciudadanos.
Reflexión final
El país necesita combustible para seguir funcionando y autoridades capaces de anticiparse. Cuando una carretera quede bloqueada, importarán las alternativas preparadas. Ninguna cisterna avanzará gracias a una conferencia de prensa. La verdadera prueba del Gobierno será garantizar el suministro, no explicar después por qué no pudo hacerlo. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).
