En el Perú, ser pobre es un castigo. Y ser niño pobre, peor aún: es una sentencia de abandono firmada en cada rincón del Estado. Porque aquí no solo te roban el futuro —eso ya es tradición política nacional— sino que también te envenenan el presente, te intoxican la infancia y te sirven la miseria en una lata con gusanos. Literalmente.
El escándalo de las conservas podridas de Wasi Mikuna —ese programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) que debía alimentar a niños vulnerables— es mucho más que un caso de negligencia. Es la confirmación brutal de que nuestras instituciones no solo son incompetentes, son criminales. Porque sabían. Sabían desde hace cinco meses que estaban repartiendo veneno. Sabían que las conservas olían mal, sabían que tenían gusanos, sabían que las empresas proveedoras eran un monumento a la trampa y la falsificación. Y aun así… las siguieron repartiendo. Porque aquí no gobierna un Estado, gobierna la desidia.
La historia es repugnante desde cualquier ángulo que se mire
Sanipes y la Contraloría General de la República —dos entidades que, aunque parezcan fantasmas, existen— ya habían advertido desde noviembre de 2024 que las conservas de las marcas Casali, Karpez, Shambó del Mar y Doña Nutricia eran un atentado contra la salud pública. Las pruebas estaban sobre la mesa: olores nauseabundos, sabor alterado, gusanos como ingrediente estrella, empresas sancionadas por falsificar documentos y por no tener ni idea de dónde venía el pescado que procesaban.
¿Y qué hizo el MIDIS? ¿Qué hizo Wasi Mikuna? Nada. O peor aún: hizo lo que mejor sabe hacer el aparato estatal peruano cuando se enfrenta a una tragedia previsible… mirar para otro lado, hacerse el ciego, el mudo y el irresponsable. Total, no son sus hijos los que iban a comer esa porquería en la escuela.
Más de 40 escolares intoxicados en Piura. Niños hospitalizados en Junín. Alumnos en observación médica en Loreto. Gusanos en las conservas en Tacna. ¿Cuántos más necesitaban enfermarse o morir para que alguien —algún burócrata de cuello blanco— levantara el teléfono y detuviera esta masacre alimentaria? ¿Cuántos más, ministra de Desarrollo e Inclusión Social? ¿Cuántos más funcionarios indolentes de Wasi Mikuna?
Y es que el problema de fondo no es solo la corrupción de las empresas proveedoras —que falsificaron documentos, suplantaron firmas y escondieron pescado en estado de putrefacción— sino la corrupción moral de un Estado que permitió conscientemente que eso llegara a la boca de los más vulnerables. Porque si no hay fiscalización, si no hay control, si no hay sanciones reales… lo que hay es complicidad. Y eso tiene nombre: crimen de Estado.
Hoy no basta con que el MIDIS publique un comunicado insulso lamentando “los incidentes”. No basta con que digan que “colaborarán con las investigaciones”. No basta con que intenten desmentir las alertas de la prensa. La realidad es más fuerte que sus comunicados hipócritas: los niños peruanos fueron víctimas de un sistema podrido, de una cadena de irresponsabilidad donde cada eslabón apestaba a corrupción, negligencia y desprecio por la vida humana.
Wasi Mikuna debería ser desmantelado por completo y sus responsables —desde el más alto funcionario hasta el último proveedor tramposo— deberían terminar sentados en un banquillo, rindiendo cuentas ante la justicia. Pero claro, eso sería en un país decente. Aquí, en el Perú de siempre, lo más probable es que sigan repartiéndose contratos, bonos y medallas por haber «combatido la pobreza» mientras cientos de niños siguen expuestos a la regla rusa del almuerzo escolar.
Porque en este país no basta con ser pobre. Además te envenenarán. Gratis. Cortesía del Estado.
Bienvenidos al menú criminal de Wasi Mikuna: gusanos incluidos, porque la vergüenza hace rato que se acabó.