La segunda vuelta presidencial del 7 de junio no solo definirá al próximo gobierno; también pondrá a prueba el cumplimiento del voto obligatorio en el Perú. El Jurado Nacional de Elecciones recordó que los ciudadanos entre 18 y 69 años deben acudir a las urnas. Quienes no lo hagan enfrentarán multas económicas según el distrito registrado en su DNI. En un país cansado de campañas agresivas, promesas recicladas y desconfianza electoral, la pregunta ciudadana es directa: ¿cuánto cuesta no votar?.
La multa no es igual para todos. Según la escala vigente, quienes viven en distritos considerados no pobres deberán pagar S/110. Los ciudadanos de distritos pobres pagarán S/55, mientras que quienes residen en zonas de pobreza extrema deberán asumir una multa de S/27.50. La clasificación se determina según el mapa de pobreza del INEI.
Además, quienes fueron designados miembros de mesa y no cumplan con esa responsabilidad deberán pagar S/275. Si tampoco votan, las sanciones se acumulan. Es decir, el ausentismo electoral puede salir bastante caro, especialmente para quienes ya enfrentan dificultades económicas.
El problema de fondo no es solo la multa. Es la paradoja de una democracia que obliga a participar mientras no logra generar entusiasmo ciudadano. El voto obligatorio busca garantizar representatividad, pero cuando la participación se sostiene más por temor a una sanción que por confianza en el sistema, algo está fallando. No basta con multar al elector; también habría que exigir cuentas a una clase política que ha convertido la campaña electoral en una competencia de ataques, sospechas y promesas poco creíbles.
No pagar la multa puede generar restricciones en trámites administrativos, notariales, bancarios y judiciales. Así, el ciudadano que no vota no solo recibe una sanción económica, sino que arrastra complicaciones en su vida diaria. El Estado sí sabe perseguir al elector ausente; ojalá tuviera la misma eficiencia para garantizar procesos impecables, instituciones confiables y candidatos a la altura.
Votar sigue siendo una obligación legal, y conviene cumplirla. Pero la democracia no debería depender solo del castigo. La participación ciudadana se fortalece con confianza, transparencia y respeto al votante.
Reflexión final
El 7 de junio muchos irán a votar por convicción, otros por resignación y varios para evitar una multa. Esa es la verdadera alerta: cuando el miedo a pagar pesa más que la esperanza de elegir, la democracia no solo cobra una sanción; también revela su propia deuda con el país. (Foto: lacajanegra.blog).