La segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ha colocado al país frente a una decisión que para millones de ciudadanos no despierta esperanza, sino rechazo. No se trata de una elección entre proyectos capaces de convocar confianza nacional, sino de una contienda marcada por el miedo, el antivoto, el agotamiento y la sensación de haber sido empujados otra vez al viejo chantaje político del “mal menor”. En ese escenario, el voto viciado aparece como una opción de protesta democrática y como un objetivo político concreto: alcanzar el porcentaje legal necesario para forzar una nueva elección presidencial.
Diversos ciudadanos, analistas y voces públicas han empezado a promover el voto blanco, nulo o viciado como una manera de rechazar simultáneamente a las dos candidaturas finalistas. La propuesta parte de una premisa clara: si una mayoría extraordinaria de electores considera que ninguna de las opciones representa una salida ética, democrática y responsable para el país, entonces el voto de rechazo puede convertirse en mensaje político y en herramienta legal.
La normativa peruana contempla causales de nulidad electoral. El artículo 184 de la Constitución establece que el Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos emitidos. La Ley Orgánica de Elecciones también contempla supuestos de nulidad vinculados a votos blancos o nulos, así como a situaciones como la inasistencia de más del 50% de votantes en determinados casos. Por ello, el objetivo de quienes impulsan esta campaña es claro: alcanzar al menos los dos tercios de votos blancos, nulos o viciados para abrir paso a una nueva elección presidencial.
Votar viciado no es lavarse las manos. No es indiferencia. No es fuga. Puede ser, en determinadas circunstancias, una forma legítima de intervención ciudadana. La democracia no obliga a escoger entre dos opciones que el elector considera inaceptables. También reconoce el derecho a rechazar, a expresar disconformidad y a dejar constancia de que la oferta política no representa al ciudadano.
Durante años, al Perú se le ha pedido votar con resignación. Se le ha dicho que siempre debe escoger “lo menos malo”, aunque luego esa decisión termine reproduciendo crisis, corrupción, autoritarismo, incompetencia o desgobierno. Pero una democracia no puede sobrevivir eternamente sobre la base del miedo. Si el voto deja de ser esperanza y se convierte solo en mecanismo de defensa, entonces el problema ya no está únicamente en los candidatos: está en el sistema que los produce.
La segunda vuelta actual expresa esa enfermedad. De un lado, Keiko Fujimori arrastra una pesada carga de rechazo histórico y desconfianza ciudadana. Del otro, Roberto Sánchez genera temor por sus vínculos políticos, sus propuestas de intervención estatal y las dudas sobre el rumbo institucional que podría asumir su eventual gobierno. Frente a ese escenario, muchos ciudadanos sienten que elegir por cualquiera de los dos no es ejercer libertad plena, sino aceptar una encerrona.
Desde esta tribuna, La Caja Negra sostiene que el voto viciado puede convertirse en una respuesta democrática, cívica y moral frente a una segunda vuelta que no ofrece garantías suficientes de representación. No se trata de destruir la democracia, sino de exigirle mayor calidad. No se trata de rechazar el voto, sino de usarlo para decir que el país merece mejores opciones.
El objetivo debe ser claro, organizado y transparente: promover una movilización ciudadana que busque superar los dos tercios de votos blancos, nulos o viciados para activar la posibilidad de una nueva elección presidencial conforme al marco constitucional. No basta la indignación individual. Se requiere conciencia colectiva, pedagogía electoral y una campaña nacional que explique que viciar el voto, en este contexto, no es rendirse: es protestar dentro de la ley.
El Perú no está condenado a elegir eternamente entre el miedo y la resignación. Si la ciudadanía considera que ninguna candidatura merece gobernar, tiene el derecho de expresarlo en las urnas. Y si ese rechazo alcanza el umbral legal, debe abrirse el camino hacia una nueva elección presidencial.
Porque cuando la política ofrece dos caminos que millones consideran peligrosos, el voto viciado puede ser el tercer camino: el de la dignidad ciudadana, el rechazo democrático y la exigencia de empezar de nuevo. (Foto: lacajanegra.blog).