El Perú ha llegado a una segunda vuelta presidencial marcada más por el miedo que por la esperanza. La contienda entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez no despierta ilusión colectiva ni sensación de futuro. Por el contrario, ha profundizado una percepción cada vez más extendida: que el ciudadano vuelve a ser empujado a elegir entre opciones que generan rechazo, desconfianza y temor político. En ese escenario, el voto viciado comienza a emerger no como apatía, sino como una forma de protesta democrática.
En los últimos días, diversos ciudadanos, colectivos y figuras públicas han empezado a impulsar campañas orientadas al voto blanco, nulo o viciado. La idea central es clara: rechazar a ambos candidatos y buscar la anulación de la elección presidencial mediante los mecanismos que contempla la propia Ley Orgánica de Elecciones. El abogado Rubén Cáceres lo resumió públicamente al señalar que existe un “tercer candidato”: el voto viciado.
Desde esta tribuna, corresponde decirlo con claridad: el crecimiento de esta protesta no nace del capricho ni del extremismo. Nace del agotamiento político de un país golpeado por la corrupción, la inseguridad, el colapso institucional y la falta de liderazgo serio. El problema ya no es únicamente quiénes compiten en segunda vuelta, sino el deterioro progresivo de la confianza pública en todo el sistema político.
En redes sociales, además, se han viralizado videos atribuidos al periodista César Hildebrandt donde expresa una posición crítica frente a ambos candidatos y se interpreta una cercanía con la idea del rechazo electoral mediante el voto viciado. Esa postura también encuentra eco en distintos sectores ciudadanos, intelectuales y grupos independientes que consideran que el Perú no debe seguir atrapado en la lógica del “mal menor”.
El debate, sin embargo, debe darse con responsabilidad y dentro del marco legal. La propia legislación electoral establece que una elección puede anularse si los votos blancos o nulos superan los dos tercios del total de votos válidos, o si más del 50% del padrón no acude a votar. Es decir, la campaña del voto viciado no busca un golpe al sistema democrático, sino utilizar una herramienta que la misma democracia reconoce.
La pregunta de fondo es otra: ¿cómo llegó el Perú a un punto donde millones consideran más legítimo anular una elección que respaldar a cualquiera de los candidatos finalistas?. La respuesta está en años de improvisación, partidos convertidos en franquicias electorales, líderes sin visión nacional, instituciones debilitadas y una ciudadanía cada vez más distante de la política tradicional.
Mientras el país enfrenta pobreza, delincuencia, hospitales colapsados y regiones abandonadas, gran parte de la clase política sigue enfrascada en campañas basadas en el miedo, el insulto y la confrontación. El resultado es evidente: un electorado cansado, fragmentado y emocionalmente desconectado del proceso electoral.
Desde La Caja Negra sostenemos que el voto viciado no debe entenderse como indiferencia, sino como una señal de alarma política. Es la expresión de un ciudadano que siente que ninguna candidatura representa verdaderamente una salida para el país. Y cuando la democracia deja de ofrecer representación, la protesta aparece dentro de las propias urnas.
El objetivo de quienes impulsan esta campaña es alcanzar el porcentaje necesario de votos blancos y nulos para obligar legalmente a una nueva elección presidencial. Podrá parecer una meta difícil, pero el solo hecho de que esta discusión haya tomado fuerza revela la magnitud de la crisis política que atraviesa el Perú.
Porque una democracia no solo se debilita cuando se manipulan las elecciones. También se deteriora cuando millones de ciudadanos sienten que votar ya no significa elegir el futuro, sino apenas administrar el miedo. (Foto: lacajanegra.blog).