Las elecciones democráticas no terminan cuando cierran las urnas. Después de la votación comienza una etapa igualmente importante: la aceptación de las reglas, el respeto a las instituciones y la defensa de la voluntad popular expresada en las actas electorales. En ese contexto, la reciente decisión del Jurado Electoral Especial de declarar improcedente el pedido de Juntos por el Perú para anular 1.751 mesas de sufragio en Lima vuelve a poner en evidencia las tensiones que suelen surgir cuando los resultados son estrechos y la diferencia entre candidatos se mide voto a voto.
La solicitud presentada por el partido de Roberto Sánchez se sustentaba en presuntos indicios de fraude y alteración sistemática de actas electorales. Sin embargo, el Jurado Electoral Especial rechazó el pedido debido a que no se cumplió con uno de los requisitos establecidos por la normativa electoral: el pago de la tasa correspondiente para tramitar la nulidad de cada mesa observada.
Más allá de quién resulte beneficiado o perjudicado políticamente, el caso plantea una interrogante fundamental para cualquier democracia: ¿pueden formularse denuncias de fraude de gran magnitud sin pruebas contundentes y sin cumplir los procedimientos exigidos por la ley?
Las elecciones son procesos complejos y siempre pueden existir errores materiales, observaciones o controversias que merezcan revisión. Pero una cosa es solicitar aclaraciones dentro del marco legal y otra muy distinta es instalar sospechas generalizadas sin que estas sean acompañadas por evidencias sólidas capaces de sostenerlas ante las autoridades competentes.
El peligro de estas situaciones radica en el impacto que generan sobre la confianza ciudadana. Cuando la narrativa de fraude se convierte en una herramienta recurrente cada vez que los resultados no son favorables, se corre el riesgo de erosionar la credibilidad de las instituciones electorales y alimentar una polarización que debilita la convivencia democrática.
Esto no significa que los organismos electorales estén exentos de fiscalización. Por el contrario, deben estar sometidos al más riguroso escrutinio público. Sin embargo, las acusaciones deben sustentarse en hechos verificables y respetar los procedimientos establecidos para garantizar el debido proceso.
La democracia necesita transparencia, vigilancia y capacidad de fiscalización. Pero también requiere responsabilidad política. Las impugnaciones son legítimas cuando se sustentan en pruebas y se presentan conforme a las reglas establecidas.
Reflexión final
Las instituciones electorales pueden corregir errores, revisar actas y resolver controversias. Lo que resulta más difícil de reparar es la confianza ciudadana cuando se instala la idea de que cada resultado adverso es consecuencia de una irregularidad. En democracia, las reglas deben respetarse antes, durante y después de la elección. Solo así la voluntad popular conserva su legitimidad y su fuerza. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).