Hay tragedias que no pueden evitarse, pero sí pueden prevenirse. Los fenómenos naturales no esperan acuerdos políticos, no respetan calendarios electorales y tampoco entienden de excusas burocráticas. Sin embargo, mientras los especialistas alertan sobre la posibilidad de un nuevo fenómeno de El Niño con capacidad de afectar gravemente al país, el Estado peruano parece actuar como si todavía tuviera tiempo de sobra. La reducción de recursos destinados a obras de prevención constituye una señal preocupante de improvisación y una muestra de que el Perú continúa reaccionando después de la emergencia, en lugar de prepararse antes de ella.
La situación resulta difícil de comprender. Después de décadas de inundaciones, huaicos, pérdidas humanas y miles de millones de soles en daños económicos, el país debería haber convertido la prevención en una política de Estado. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario.
Mientras expertos nacionales e internacionales advierten sobre riesgos crecientes para finales de 2026 y durante 2027, las instituciones encargadas de ejecutar obras de infraestructura preventiva enfrentan limitaciones presupuestales que ponen en riesgo proyectos fundamentales. La pregunta es inevitable: ¿cómo puede faltar dinero para prevenir desastres en un país que conoce perfectamente las consecuencias de no hacerlo?
Lo más grave es que la factura de esta indiferencia siempre termina siendo pagada por los ciudadanos más vulnerables. Son las familias asentadas cerca de quebradas, riberas y zonas de alto riesgo las que pierden viviendas, cultivos, negocios y oportunidades. Son las regiones del norte las que vuelven a observar con incertidumbre la llegada de cada temporada de lluvias. Y son los contribuyentes quienes terminan financiando reconstrucciones que pudieron costar mucho menos si se hubieran ejecutado obras preventivas a tiempo.
La vergüenza no está en que exista un fenómeno natural. La vergüenza está en que el Estado siga comportándose como si cada emergencia fuera una sorpresa. El Niño de 1983 dejó lecciones. El de 1998 dejó advertencias. El Niño Costero de 2017 dejó promesas. El de 2023 dejó nuevamente daños y cuestionamientos. ¿Cuántas veces más debe repetirse la misma historia para entender que la improvisación también genera víctimas?
Mientras tanto, los anuncios oficiales parecen concentrarse más en explicaciones que en soluciones. El país escucha diagnósticos, pero no observa la velocidad necesaria en la ejecución de obras, limpieza de cauces, reforzamiento de defensas ribereñas o reubicación de poblaciones vulnerables.
Los fenómenos naturales son inevitables. La falta de prevención no lo es. Cuando existen alertas tempranas, antecedentes históricos y conocimiento técnico disponible, la inacción deja de ser un error y se convierte en una responsabilidad política.
Reflexión final
El Perú no puede seguir gobernándose bajo la lógica de la emergencia permanente. Cada sol que no se invierte hoy en prevención podría multiplicarse mañana en pérdidas humanas, sociales y económicas. Los fenómenos naturales no tienen presupuesto, pero la prevención sí debería tenerlo. Lo contrario no solo representa una mala decisión de gestión pública. Representa una vergüenza nacional que el país ya no debería tolerar. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).