La democracia tiene una regla fundamental: los votos pertenecen a los ciudadanos y no a los candidatos. Por ello, cualquier intento de anular una elección o parte de ella debe estar respaldado por pruebas sólidas y verificables. La reciente decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de declarar improcedentes las apelaciones presentadas por Juntos por el Perú para anular mesas de sufragio en Lima y Estados Unidos no solo cierra un capítulo electoral. También deja una lección sobre los límites que deben existir entre la legítima fiscalización y la utilización política de la sospecha.
Durante semanas, el país observó una escalada de cuestionamientos contra los resultados electorales. Se denunciaron supuestas irregularidades, se promovieron marchas, se solicitaron nulidades masivas y se intentó instalar la idea de que miles de votos podían estar bajo sospecha. Sin embargo, cuando llegó el momento de sustentar esas acusaciones ante la máxima autoridad electoral, surgió una realidad difícil de ignorar: las pruebas no aparecieron.
Durante la audiencia pública, los representantes legales de Juntos por el Perú reconocieron que no presentaron documentación que acreditara el supuesto fraude denunciado. Tampoco existían reportes de personeros que hubieran advertido irregularidades durante la jornada electoral. Los argumentos se sustentaban principalmente en análisis estadísticos y presunciones.
Y allí está el núcleo del problema.
La sospecha puede abrir una investigación, pero no puede convertirse automáticamente en una sentencia. Si bastara con interpretar cifras o encontrar coincidencias matemáticas para invalidar miles de votos, ninguna elección estaría a salvo de ser cuestionada indefinidamente por el candidato que resulte derrotado.
Más preocupante aún es el daño que este tipo de estrategias ocasiona a la confianza ciudadana. El Perú atraviesa una profunda crisis institucional, política y social. La inseguridad golpea las calles, la economía continúa enfrentando dificultades y la ciudadanía observa con creciente desencanto a una clase política que parece más preocupada por prolongar conflictos que por resolver problemas.
La democracia exige vigilancia, pero también responsabilidad. Los organismos electorales deben ser fiscalizados, pero las acusaciones deben sostenerse con hechos y no con hipótesis.
La resolución del JNE reafirma un principio esencial del sistema democrático: quien acusa tiene la obligación de probar. Sin evidencias suficientes, la voluntad popular expresada en las urnas debe prevalecer.
Reflexión final
Las elecciones más ajustadas ponen a prueba la fortaleza de las instituciones y la madurez de los líderes políticos. Cuando los recursos legales han sido agotados y las autoridades competentes han emitido un fallo definitivo, corresponde aceptar el veredicto democrático. Persistir en la confrontación sin pruebas no fortalece la democracia; por el contrario, profundiza la desconfianza en un país que ya llega demasiado dividido al final de esta contienda. Las urnas hablaron, el JNE decidió y la política tiene ahora la responsabilidad de actuar con la serenidad que el Perú necesita. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).