El fallo del Tribunal Constitucional que ordena la reincorporación de Deportivo Binacional a la Liga 1 2027 no es solo una victoria jurídica para el club puneño. Es, sobre todo, una radiografía incómoda de la forma en que la Federación Peruana de Fútbol administra sus crisis: tarde, mal y luego invocando a la FIFA como escudo. El caso ya no trata únicamente de una tabla de posiciones; trata del debido proceso, la seguridad jurídica y la credibilidad del fútbol peruano.
El TC declaró fundada en parte la demanda de Binacional al considerar vulnerado su derecho al debido proceso. El punto central es claro: la FPF omitió actualizar la tabla del campeonato 2023 conforme a sanciones impuestas a Sport Boys, generando una distorsión competitiva. Es decir, el problema no nació en los tribunales. Nació en la propia incapacidad federativa para aplicar sus reglas con orden, oportunidad y coherencia.
La FPF puede alegar autonomía deportiva, reglamentos FIFA, CONMEBOL y TAS. Pero autonomía no significa impunidad administrativa. Ninguna federación puede pretender que sus errores queden blindados frente a derechos constitucionales. Cuando una institución deportiva afecta el debido proceso, no puede exigir que el afectado se quede callado en nombre de la “familia del fútbol”.
El precedente internacional del Gil Vicente en Portugal resulta revelador. La FIFA presionó, amenazó y defendió su estructura deportiva, pero la justicia ordinaria portuguesa dejó una lección potente: los reglamentos del fútbol no pueden colocarse por encima de los derechos fundamentales dentro de un Estado soberano. Al final, el club terminó regresando a primera, aunque después de pagar un costo deportivo enorme.
Binacional enfrenta una ruta compleja. Forzar una reincorporación inmediata sin salida institucional puede abrir tensiones con FIFA. Pero también es cierto que ignorar un fallo del máximo intérprete constitucional del país sería una señal gravísima. La FPF está arrinconada por sus propios errores: si cumple, altera el campeonato; si no cumple, desafía al Estado de derecho.
Este caso debe obligar a una reforma profunda de la justicia deportiva peruana. Las tablas, sanciones y licencias no pueden manejarse con improvisación. Un campeonato profesional necesita reglas claras, plazos firmes y autoridades responsables.
Reflexión final.
Binacional no es solo un expediente. Es el síntoma de una FPF que administra conflictos hasta convertirlos en incendios institucionales. El fútbol peruano no necesita más soberbia burocrática: necesita legalidad, transparencia y respeto real por sus propias reglas. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).