La política suele enseñar que las formas importan tanto como las decisiones. Por ello, cuando una actividad oficial genera más preguntas que respuestas, la polémica resulta inevitable. La reciente revelación de que el presidente José Balcázar asistió a una audiencia privada con el Papa León XIV acompañado por dos de sus hijas ha reabierto un debate recurrente en el Perú: los límites entre la representación del Estado y los privilegios del poder.
La discusión no gira en torno a la importancia de la reunión con el Santo Padre. El cuestionamiento surge por la composición de la delegación oficial y por la percepción de que espacios reservados para la representación institucional pueden terminar siendo utilizados con criterios que poco tienen que ver con el interés nacional.
Según la información difundida por Cuarto Poder, la delegación peruana que viajó al Vaticano estuvo integrada por trece personas, una cifra superior a la considerada habitual para este tipo de encuentros. Entre los asistentes figuraban dos hijas del mandatario, mientras que la primera dama habría participado activamente en coordinaciones relacionadas con la visita.
Naturalmente, surge una interrogante que merece una explicación transparente: ¿qué función de Estado cumplían las familiares del presidente en una audiencia oficial entre el jefe de la Iglesia Católica y el jefe de Estado peruano?
En cualquier democracia moderna, la confianza pública se construye sobre la base de la transparencia. Cuando existen dudas sobre la utilización de privilegios, protocolos o recursos asociados al ejercicio del poder, corresponde a las autoridades despejarlas con claridad.
El problema no es únicamente el viaje. El problema es el mensaje.
Mientras millones de peruanos enfrentan la inseguridad, la extorsión, la falta de empleo y una creciente desconfianza hacia las instituciones, resulta inevitable que la ciudadanía observe con atención cualquier decisión que pueda interpretarse como un beneficio reservado para quienes ocupan el poder.
La situación adquiere una dimensión aún más sensible porque ocurre en medio de una profunda crisis de credibilidad política. El Perú viene de años marcados por el desgobierno de Pedro Castillo, la inestabilidad durante la administración de Dina Boluarte, el breve paso de José Jerí y los cuestionamientos que hoy también alcanzan al gobierno de José Balcázar. En ese contexto, la exigencia de ejemplaridad pública debería ser mayor, no menor.
Porque cuando la confianza ciudadana se encuentra debilitada, cada gesto cuenta y cada decisión tiene consecuencias políticas.
La reunión con el papa León XIV constituye un acontecimiento importante para el país. Sin embargo, la relevancia diplomática de un encuentro no elimina la necesidad de rendir cuentas sobre cómo se organizó y quiénes participaron en él.
La transparencia no debilita a las instituciones. Las fortalece.
Reflexión final
Los ciudadanos comprenden que un presidente representa al Perú ante el mundo. Lo que cuesta comprender es por qué una actividad de Estado termina generando dudas sobre posibles privilegios familiares.
La cuestión de fondo no es si las hijas del mandatario viajaron al Vaticano. La verdadera cuestión es si quienes ejercen el poder son conscientes de que la confianza pública se construye con austeridad, coherencia y ejemplo.
Porque en un país cansado de privilegios, silencios y explicaciones tardías, la política debería recordar una lección elemental: lo que es legal no siempre resulta conveniente, y lo que es conveniente para una familia no necesariamente lo es para la nación. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).